La factura de la crisis

Las grandes cifras del Programa de Estabilidad 2016-2019 que el Gobierno en funciones tiene que presentar a Bruselas y que fueron aprobadas en el Consejo de Ministros de la pasada semana ofrece un horizonte relativamente despejado pero sugieren al mismo tiempo una recuperación premiosa que debería obligar a los actores económicos a sugerir fórmulas para acelerar el paso y poner cuanto antes fin a las penalidades y al sufrimiento de una parte demasiado grande de la población de este país, en el que, por lo menos, hay diez millones de excluidos en mayor o menor grado: cinco millones de parados y otros tantos de trabajadores en empleos de gran precariedad. El viernes pasado, la Eurozona respiraba cierto optimismo porque el Eurostat certificaba que el crecimiento de los países del euro había sido del 0,6% en el primer trimestre de 2016 -el doble que en el último de 2015-, con lo que se cruzaba un importante rubicón: el PIB alcanzaba en ese trimestre los 2,48 billones de euros, con lo que se sobrepasaban los 2,7 billones del primer trimestre de 2008, lo que significa que la crisis había quedado atrás después de ocho años de dificultad. Con todo, el desempleo sigue por encima del 10%, y con países como España y Grecia que sobrepasan el 20%. Y en términos políticos, la crisis ha pasado factura, que todavía está sin pagar: la atonía de la Eurozona no se ha resuelto y rondamos peligrosamente la deflación.