La fiesta de Pedro J.

La cosa no va con ellos. Los llamamientos a reducir la actividad social son para la gente de la calle, para el españolito de a pie, que debe renunciar a reunirse con sus familiares y amigos bajo pena de excomunión cívica, como mínimo. Ahora bien, en el caso de los dirigentes políticos de cierto rango, los prósperos ejecutivos de las grandes empresas, los altos mandos del ejército, las figuras del deporte o del cuarto poder, la recomendación de evitar los encuentros multitudinarios está condenada a acabar atravesando el arco del triunfo de los susodichos. Y ni siquiera necesitan ocultar el asunto a la luz pública. Pueden montar tranquilamente un fiestón berlanguiano con casi un centenar de personas, ante los fotógrafos de los principales medios de comunicación del país, para que quede constancia de que los criterios repetidos hasta la náusea por las autoridades sanitarias sólo van dirigidos al vulgar populacho. Ellos no son gente. Son otra cosa, libres de decidir si respetan o no los consejos que ellos mismos nos repiten día y noche.

Como era de esperar, la indignación social estalló nada más hacerse públicas las imágenes del evento organizado por el diario ‘El Español’ en el Salón Real del Casino de Madrid. Celebraban su V aniversario con la entrega de los premios Leones 2020. A la polémica cena asistió una nutrida y polifacética representación de la alta sociedad capitalina: miembros del gobierno (Salvador Illa, Margarita Robles, Juan Carlos Campo, José Manuel Rodríguez Uribe), presidentes de comunidades autónomas (Isabel Díaz Ayuso, Emiliano García Page, Fernando López Miras), representantes de PP (Pablo Casado, Teodoro García Egea, José Luis Martínez Almeida, Cuca Gamarra, Ana Pastor), dirigentes de Ciudadanos (Inés Arrimadas, Begoña Villacís), empresarios de alto copete (Florentino Pérez, Francisco Reynés, Antonio Coimbra, Isaías Táboas, Antonio Huertas), periodistas de renombre (Pedro J. Ramírez, Eduardo Ortega, Lorenzo Silva), militares (Miguel Ángel Villarroya), deportistas (Pablo Laso, Felipe Reyes), etc. Y eso en pleno pico de la segunda ola pandémica, con el gobierno planteando un estado de alarma de seis meses. Un auténtico botellón upper class, pero ante las cámaras. Como me decía una amiga, sólo faltaba el emérito.

¿Con qué autoridad moral nos volverán a aconsejar que evitemos la actividad social? ¿Cómo explicarán a los restauradores que sus establecimientos son un peligro para la salud pública? ¿Cómo defenderán que este invierno sólo será posible reunir a seis personas para celebrar la Navidad?  

La orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre medidas anticovid establece que «se encuentra limitada a un máximo de seis personas la participación en agrupaciones para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo que se trate de convivientes”. Aun así, los organizadores de la cena se las ingeniaron para cumplir literalmente este precepto, aunque vulnerando flagrantemente el espíritu de la norma: se dispusieron doce mesas con seis comensales en cada una, más dos mesas de cuatro. Hecha la ley, hecha la trampa.

A pesar de los intentos por hacer comulgar a la opinión pública con ruedas de molino, el escándalo ha sido tan mayúsculo que el gobierno ha debido recular. La portavoz María Jesús Montero explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la entrega de premios «contaba con todas las garantías», pero que «tendremos que tomar nota, porque somos conscientes de que somos referentes de la población. Debemos hacer un acto de autoreflexión». En efecto, la tormenta de críticas no se hizo esperar ante semejante patinazo, un auténtico caramelo para la extrema derecha y la extrema izquierda. Desde Vox no perdieron la oportunidad de cargar contra el alcalde de Madrid: «¿Qué tal ayer la fiesta con la mafia mediática y los poderosos, mientras los madrileños permanecían secuestrados en sus casas?». Por su parte, el periodista Antonio Maestre señaló que «tendrían que dimitir todos y cada uno de los asistentes. De Ayuso a Illa». Al ministro de Sanidad le faltó tiempo para disculparse desde la tribuna del Congreso.

Parece que hay cosas que nunca cambian, como la tendencia de las clases dirigentes a no sentirse interpeladas por los llamamientos que ellas mismas lanzan a la población. Es cierto que otros países han vivido situaciones similares: recordemos el incumplimiento de las restricciones de confinamiento de Dominic Cummings, asesor personal de Boris Johnson, o la dimisión el ministro de Agricultura de Irlanda, Dara Calleary, tras asistir a una cena en la Oireachtas Golfing Society. Sin embargo, la desvergüenza con que nuestros representantes han ninguneado sus propias recomendaciones ha superado todos los límites. No sólo han violado los criterios sanitarios, sino que lo han hecho con una prepotencia y un descaro que dicen mucho sobre cómo entienden el ejercicio del poder, cómo digieren la posición que ostentan, y cómo tienen conceptualizado el país que gobiernan.

¿Con qué autoridad moral nos volverán a aconsejar que evitemos la actividad social? ¿Cómo explicarán a los restauradores que sus establecimientos son un peligro para la salud pública? ¿Cómo defenderán que este invierno sólo será posible reunir a seis personas para celebrar la Navidad? ¿Cómo argumentarán que no podremos colocar dos o tres mesas separadas, con seis personas en cada una? Con este insultante fraude de ley, nuestras presuntas élites han demostrado un desprecio imperdonable hacia miles de personas que están sufriendo una asfixiante sensación de soledad, hacia miles de empresarios que han debido cerrar sus negocios por las actuales restricciones, hacia miles de trabajadores que han perdido sus empleos por dichas clausuras, hacia miles de sanitarios que se están dejando la piel en los hospitales, hacia miles de niños que están viviendo una infancia angustiosa, hacia miles de ancianos enclaustrados en residencias que no pueden ver a sus familias… Estirando mucho la norma, quizás podría considerarse que el evento en el Casino de Madrid fue legal. Pero, desde luego, jamás podrá afirmarse que fue ético, responsable o coherente. Y eso también debería tener un precio.