La fiscalía y mis alcaldes

El conflicto político entre Catalunya y España se libra tanto en el terreno de las leyes como en el de las emociones. Esto ha resultado especialmente palpable cuando la prohibición del referéndum ha puesto en el punto de mira de la justicia al 75% de los alcaldes catalanes. Seguramente, ninguna de las medidas represivas emprendidas por el Fiscal General del Gobierno ha despertado tanta sensibilidad, porque en su inmensa mayoría son personas para los que el cargo sólo comporta más trabajo y más quebraderos de cabeza.

Mis dos alcaldes, el de mi ciudad y el de mi pueblo, deberán declarar ante la Fiscalía por haber dado su apoyo al 1-O. Como ciudadano y contribuyente de ambos, me he sentido  impresionado por su decisión de jugarse el tipo por fidelidad al compromiso adquirido con sus votantes y al proyecto político al que representan. Siento profundo respeto y admiración por esta actitud. Es una cuestión de emotividad, porque son igualmente honorables los alcaldes que tienen otras ideas o se limitan a acatar la legalidad constitucional. Una de las frases más funestas y uno de los mayores errores del presidente Puigdemont ha sido promover la presión popular sobre los ediles contrarios a poner las urnas.

Así las cosas, que el éxito o fracaso del 1 de octubre dependa en buena medida de la heroicidad de más de setecientos alcaldes y miles de voluntarios evidencia que el referéndum se encamina hacia un callejón de difícil salida. El problema es que su sacrificio podría resultar tan ejemplar como innecesario si, como parece, la consulta no podrá contar con las mínimas garantías y estándares que den legitimidad al resultado, más allá de contabilizar el vigor del independentismo y comprobar su músculo para echarle un pulso al Estado. Y quizá hasta empatarlo.