La hoja de ruta imposible

El planteamiento de la hoja de ruta, planteada en la insólita declaración 1/XI del Parlament que fue rápidamente anulada por el Tribunal Constitucional es imposible. Partiendo de las hipótesis inaceptables de que la soberanía de Cataluña reside el Parlamento de Cataluña y de que la mayoría social catalana ha emitido un mandato independentista, la Generalitat comenzará a elaborar una estructura legislativa de Estado que, una vez puesta a funcionar, pueda «desconectar» de España.

El Parlamento de Cataluña es una emanación de la Constitución Española, por lo que carece de sentido la pretensión de que pueda actuar por libre, sin acatar el principio de legalidad que le concede carta de naturaleza. Y es evidente que, como se hizo con aquella declaración, que además de la ruptura proponía la insubordinación civil, las instituciones del Estado actuarán con puntualidad ante cualquier extralimitación que pueda cometerse. En lo tocante a la falta de masa crítica para declarar la independencia, hay poco de qué hablar: en Derecho Internacional, y en torno al precedente de Quebec, ha calado la idea de que una secesión en un estado maduro no sería admisible ni puede siquiera plantearse sin una ‘mayoría muy cualificada’ que lo solicite y esté dispuesta a negociar con la minoría; tanto menos admisible será que se intente la secesión sin poseer siquiera la mayoría absoluta de los votos emitidos en una consulta plebiscitaria.

Es, pues, absurdo que Puigdemont engañe de nuevo a la ciudadanía con la promesa de un desarrollo político que no se va a producir, por la sencilla razón de que será convenientemente abortado. La declaración del presidente (en funciones) Rajoy el pasado domingo, minutos después del discurso de investidura de Puigdemont y antes incluso de que concluyera el pleno del Parlament, fue bien expresiva: España es una «nación libre, madura, europea y consolidada» y él, presidente del Gobierno, no permitirá que «nadie se arrogue poderes ilimitados y sin control fuera de la Ley y de la democracia». Por esa razón, ha dado instrucciones para que se responda de acuerdo con el Estado de Derecho a «cualquier actuación que pueda adoptarse por parte del nuevo Gobierno de Cataluña, de su presidente, de su Parlamento o de cualquier institución, que suponga la vulneración de la Constitución o del ordenamiento jurídico».

Cataluña se embarca, en fin, en un viaje imposible que terminará en un inevitable bloqueo, que tomará en rehén a toda la sociedad catalana. Que el independentismo persista en su afán cuando no tiene apoyo suficiente e insista en explorar procedimientos ajenos a la Constitución es un mal servicio a una ciudadanía que ya se ha fracturado dramáticamente y a la que hay que ofrecer cuanto antes caminos de reencuentro y normalización.