La lógica del electorado

A estas alturas del proceso electoral, cuando van a cumplirse tres meses de las elecciones del 20D y hemos asistido a una investidura fallida, es posible identificar cuáles son los vectores predominantes de la opinión pública: en primer lugar, va creciendo la impaciencia ciudadana por el retraso en el cambio, opción genérica por la que apostaron casi dos terceras partes de los electores. En segundo lugar, se mantiene la convicción generalizada de que unas nuevas elecciones serían un serio fracaso del sistema, de modo que los políticos tienen obligación de negociar y pactar hasta conseguir un gobierno estable. Por último, se mantiene la satisfacción por la ruptura del bipartidismo, al que se atribuyen la corrupción y el anquilosamiento del sistema, por lo que no cabe esperar un repunte del concepto de ‘voto útil’ que volviera a conducirnos hacia le modelo anterior. En cualquier caso –conviene añadir para evitar equívocos–, el bipartidismo será siendo el horizonte natural del sistema surgido de la Constitución de 1978 en tanto no se modifique (si es que se modifica) la normativa electoral para incrementar la proporcionalidad, bien sea eliminando la ley d’Hondt (o suavizando sus efectos), bien cambiando la circunscripción electoral (si las circunscripciones fueran las comunidades autónomas en lugar de las provincias, la proporcionalidad crecería espontáneamente).

Así las cosas, es claro que la presión social se ejerce especialmente sobre Podemos, formación que se ha instalado en una incómoda simetría con relación al PP, ya que el efecto combinado del voto de ambas formaciones impide que se forme un gobierno centrista con un programa claramente progresista. La lógica que está aplicando la formación de Pablo Iglesias es impecable: si su objetivo es alcanzar la hegemonía de la izquierda, reemplazando por tanto al PSOE, se entiende que se resista a permitir que los socialistas gobiernen. Ello no impide sin embargo que los progresistas ajenos a Podemos le recriminen su actitud, que permite objetivamente la pervivencia de un gobierno conservador.

Con todo, es clara esta posición a la defensiva de Podemos, que obedece más a móviles egoístas que al interés general, puede pasarle factura en las elecciones que habría que celebrar el 26 de junio, si llegan a tener lugar. De hecho, una encuesta publicada este domingo en la prensa capitalina pronostica una caída significativa de Podemos, a la vez que Ciudadanos subiría, en premio a su labor de consenso, con lo se invertiría la posición relativa de los dios partidos nuevos; el PP caería 2,7 puntos y el PSOE subiría del 22 al 23,1%. Otra encuesta publicada ayer por “ABC” pronostica una subida del PSOE a costa de Podemos, en tanto PP y C’s quedarían conjuntamente algo más cerca de la mayoría absoluta.

Todo lo cual significa no sólo que la negativa de Podemos a sumarse al pacto PSOE-Ciudadanos forzaría las nuevas elecciones sino también que en éstas el hipotético tándem PP-Ciudadanos avanzaría hacia la gobernabilidad. Al descenso de Podemos en la cotización ciudadana contribuye también sin duda la agresividad de Pablo Iglesias así como su indisimulado afán de poder y sus desmesuradas líneas programáticas, muy alejadas de la ortodoxia de Bruselas y en línea con las excentricidades que su correligionario Tsipras tuvo que rectificar en Grecia.

Así las cosas, no puede descartarse que Podemos decida eludir a cualquier precio las nuevas elecciones, que además pondrían al desnudo la dificultad de mantener la cohesión territorial del partido con las ‘confluencias’ periféricas. En ese caso, tendríamos un gobierno PSOE-Ciudadanos quizá con incrustaciones de Podemos o simplemente apoyado por esta fuerza desde fuera. Pero eso ya es pura especulación.