La mancha de la imputación

Ballesteros conoció ayer su desimputación por el supuesto cobro de dietas como integrante de la Federació de Municipis de Catalunya. Un lastre que ha arrastrado con resignación desde el pasado verano. Él insistía en que era inocente, en que ni había cobrado esas dietas –porque consideraba que no le pertocaban– ni tampoco, como dirigente de la asociación, las había instaurado, puesto que el sistema —insistía el alcalde– procedía de una época anterior.

Lo curioso es que el auto de ayer –que no sólo le exonera a él, sino a todos los imputados por esa causa– ni le da ni le quita la razón en eso, sino que se limita a archivar el caso por una cuestión técnica: la Audiencia considera que los fondos que maneja la Federació de Municipis no son «caudales públicos» porque la naturaleza jurídica de la entidad es la de asociación privada (por mucho que todos sus socios sean consistorios). Por lo tanto, jurídicamente es irrelevante si hubo relojes o dietas.

Ocho meses después, no sólo estamos sin culpables ni inocentes, sino que nos damos cuenta de que ni siquiera había caso. Y, mientras, la grandilocuencia de la palabra «imputación» ha acompañado a decenas de alcaldes todo este tiempo. Culpa un poco de todos: de quien vio indicios de malversación en fondos que no eran «públicos», y de quienes hemos permitido que la palabra «imputación» merezca siempre y porque sí un gran titular.

Aunque lo más llamativo es que, a partir de ahora, decenas de Ayuntamientos saben que todo fondo que canalicen a través de la FMC deja al instante de ser jurídicamente público. Miedo me da.