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La nueva pobreza

Un trabajo no es un trabajo si su contrapartida es un salario insuficiente para subsistir

Dánel Arzamendi

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Vivía sola en una modesta vivienda de la calle Santa Anna. Había superado ya los ochenta años. Según el ayuntamiento de Reus, recibía una pequeña ayuda pública para pagar el recibo del agua, aunque este mismo mes había rechazado la prestación domiciliaria que le habían ofrecido los servicios sociales. Era una de tantas personas que se había habituado a vivir en la pobreza. La compañía eléctrica acababa de cortarle la luz y ni siquiera había solicitado ayuda para remediarlo. Cada tarde, al caer el sol, esta anciana prendía una vela para poder alumbrar su habitación. El pasado lunes, durante la noche, el tenue fuego que iluminaba su hogar acabó con su vida.

No parece que esta dramática historia constituya un hecho aislado. Esta misma semana también hemos conocido la muerte de un joven indigente en las calles de la misma población tarraconense. La pobreza mata. Nadie debería sorprenderse, teniendo en cuenta los innumerables informes de Cáritas alertando sobre la creciente brecha social que se está abriendo en nuestro entorno de forma imparable. Es cierto que la solidaridad familiar, un valor hondamente asumido en nuestra cultura, nos ha salvado del estallido social que se ha vivido en otros puntos del planeta. Sin embargo, existen ocasiones en que el recurso a los parientes resulta estéril, bien porque esos familiares no existen o bien porque ellos mismos también carecen de medios.

La tragedia de la calle Santa Anna ha puesto nerviosas a las instituciones y compañías con responsabilidades en lo sucedido. El ayuntamiento de Reus ha acusado a Gas Natural de no haber seguido los protocolos previstos (las eléctricas deben solicitar un informe a los servicios sociales antes de cortar la luz), la empresa ha contraatacado exigiendo clarificación en los procedimientos para detectar este tipo de situaciones (afirma que la fallecida no se encontraba en el listado de clientes vulnerables elaborado por el propio consistorio), el President Puigdemont ha intervenido en la polémica para lanzar un cabo a Carles Pellicer (un dirigente de su mismo partido, para más señas), el nuevo ministro de Energía ha devuelto la pelota al tejado de las instituciones con competencias sociales (ayuntamientos y autonomías), etc. Todos a la defensiva, intentando quitarse el muerto de encima –nunca mejor dicho–, evidenciando de forma involuntaria una justificada mala conciencia. Incluso el gobierno central, que en este tema ha pasado de puntillas, ha movido sus hilos para evitar que este drama le salpique colateralmente. Sólo así se entiende que los telediarios del martes en TVE fueran los únicos que ocultaran que la causa del incendio se hallaba íntimamente ligada a la extrema pobreza de la fallecida (cuando una omisión injustificada en un medio de comunicación público protege al gobierno correspondiente, no lo duden, las casualidades no existen).

Parece que las fantásticas cifras macroeconómicas con que diariamente nos bombardea la propaganda gubernamental ocultan una realidad mucho menos festiva. Los datos oficiales dibujan un país de fantasía donde el consumo se reactiva, las inversiones extranjeras se multiplican y el mercado de trabajo mejora imparablemente. ¿Es ésa la percepción que tienen los ciudadanos cuando se miran al bolsillo? Me temo que no. La única vía para compatibilizar el triunfalismo del Gobierno y los informes de Cáritas pasa por reconocer que el estrato social que está animando el consumo es la clase acomodada (reinstalada en una posición económica igual o mejor que antes de la crisis), que el desembarco de multinacionales en España se debe a una nueva normativa que ha convertido nuestro país en una bicoca laboral (la única ventaja competitiva frente al norte de Europa es nuestra precariedad), y que el crecimiento del empleo se está consolidando a costa de unas condiciones contractuales insostenibles (un trabajo no es un trabajo si su contrapartida es un salario insuficiente para subsistir).

Cada vez resulta más evidente que el modelo de recuperación que se está imponiendo en España se sustenta en una creciente desigualdad social: los sectores más pudientes gozan de una salud económica envidiable, mientras los jóvenes y las clases menos favorecidas se ven obligadas a dejarse la piel en puestos de trabajo que impiden sacar adelante a una familia. Al margen del dolor que esta realidad infringe directamente a millones de ciudadanos, la perspectiva que ofrece este modelo desde un punto de vista estructural resulta inquietante, con un país socialmente quebrado y con la mayoría de su población progresivamente empobrecida. Por si fuera poco, el crecimiento teórico de nuestra economía se asienta en un contexto internacional extraordinariamente favorable (petróleo a precio de saldo, competencia turística paralizada en el Mediterráneo, tipos de interés por los suelos) que sin duda cambiará a corto o medio plazo. Y eso por no hablar de los devastadores efectos que puede traer consigo el inminente colapso del fondo de las pensiones. Lo que resulta difícilmente explicable es el gesto de orgullosa satisfacción que muestran las mentes pensantes que diseñan nuestro futuro ante semejante panorama.

Puede que los sucesos ocurridos esta semana en Reus sean excepcionales. Sin embargo, va siendo hora de tomar conciencia sobre el crecimiento exponencial de una nueva pobreza, quizás no tan extrema pero sí indefinida, que no viene necesariamente ligada a una situación de desempleo ni al fenómeno de la marginalidad.

Cada vez es mayor el peso relativo de una nueva clase trabajadora a la que sólo se le ofrece un horizonte de necesidad y frustración crónicas. Si la tendencia no se revierte, algún día veremos nuestros parlamentos infestados de versiones locales de Farage, Petry, Trump o Le Pen, y entonces nos echaremos las manos a la cabeza preguntándonos por los motivos de su éxito. Los teníamos delante de nuestros ojos.

danelarzamendi@gmail.com

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