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La oscuridad que domina la luz

El consumidor doméstico paga un recibo cada vez más caro, pero no sabe por qué

Enrique Badía

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La curiosidad del ser humano no ha logrado desentrañar algunos relevantes misterios: el origen del universo, si hay vida en otros planetas, qué nos espera después de la muerte… y el recibo de la luz. Estos días, cualquiera contempla poco menos que despavorido los mensajes que aseguran que la electricidad va a alcanzar subidas récord debido a la ola de frío. La verdad es que pocos lo entienden y casi nadie cree que sea por esa razón.

Pocas cosas han sido tan anunciadas como incumplidas por los sucesivos gobiernos: organizar, modernizar y racionalizar el sector eléctrico ha sido la confesa prioridad de cada ministro del ramo, pero ningún legado ha sido para mejor. Leyes, decretos, órganos reguladores… ha habido de todo, menos de lo que hace más falta: competencia y claridad. Por haber, ha habido incluso un proceso sucesivo de nacionalización, primero, y reprivatización, después, del que no hay modo de saber si arregló o estropeó.

De vez en cuando, algunos estudiosos, nunca las empresas eléctricas, tratan de desentrañar el galimatías de los precios. Pero ni por esas resulta fácil entender por qué se paga lo que se paga. Una aproximación sencilla revela que alrededor de dos tercios del recibo corresponden a tasas, impuestos y otros conceptos fijados desde la administración, que tienen poco o nada que ver con los costes reales del suministro ni dependen del consumo real. No es fácil interpretar más allá.

Lo que cualquier hogar tiene claro es que la luz le cuesta cada año más que el anterior. Ha subido nada menos que el 50% desde 2007, sin aparente justificación. Dado que nadie del sector lo explica, desde fuera cuesta entenderlo. Viendo, por ejemplo, que la cotización del gas, que ahora se cita como responsable del alza de estos días, ha estado media década sin dejar de bajar, o que la alta pluviometría ha permitido altos índices de producción hidráulica en varios ejercicios, el recibo debió reducirse alguna vez. Como no ha ocurrido, es lógico sospechar que hay algo más.

La primera reacción apunta a las empresas suministradoras. Razones no faltan, no sólo referidas a lo que cobran y cómo facturan, sino a la discutible calidad del servicio que prestan. Aún hoy son frecuentes oscilaciones y cortes en el fluido, sin otorgar al cliente resarcimiento de los perjuicios causados y, las más de las veces, sin siquiera atender su reclamación. Y eso que la experiencia no es precisamente grata. Que los alimentos de la nevera se hayan estropeado, la puerta del garaje no abra, la calefacción y el agua caliente se hayan apagado, el teléfono esté mudo, el último texto del ordenador desaparezca, la alarma quede desconectada o, aún peor, que el despertador no haya sonado a la hora prevista… todo, en el mejor de los casos, ocurre cuando inopinadamente se va la luz. Puede ocurrir, incluso, que varios aparatos queden inservibles, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad.

La realidad discurre, además, agravada por la práctica inoperancia de la teórica libertad de elección de compañía, entre otras cosas porque persiste el reparto zonal por defecto, las disponibles son pocas y todas funcionan de forma muy similar. Huelga decir que no es fruto de ninguna casualidad, sino efecto de un intervencionismo que va mucho más allá de la simple regulación. No hay que ser muy avezado para deducir que todo ha contado con la cómplice tolerancia de cada gobierno, cuando no de algo peor. Siendo, como es, un sector fuertemente intervenido, el lobby eléctrico ha sido y quizás siga siendo el más asentado, eficaz y contundente de cuantos inciden en la administración. Cumple, en pocas palabras, con lo mejor de los manuales de captura del regulador. Lo que conduce a plantear: intervenido, ¿en beneficio de quién?

Cualquier incursión púbica en la actividad económica se presupone en beneficio del interés general, pero no da la sensación de que en este caso se esté cumpliendo. La lista de protegidos por el sistema es amplia, pero no incluye al consumidor doméstico final. La regulación se ha cargado de figuras y conceptos bastante exóticos: moratorias, transición a la competencia, déficit de tarifa, costes hundidos… y un largo etcétera de subvenciones, primas y regalías cruzadas. La mayoría, si no todas, fruto de actuaciones de grupos de presión, entre los que cabe incluir intereses industriales, territoriales e incluso sociales, trasladando costes, debidos e indebidos, a la factura eléctrica de los hogares sin organizar.

Mejor o peor, bueno o malo, el llamado marco regulador ha pecado siempre de inestabilidad. Diciéndolo más claro, ha sido errático, a menudo contradictorio y a veces desconectado de la evolución tecnológica. No hay probablemente mejor ejemplo que el tratamiento de las energías renovables. Los vaivenes en materia de incentivos y subvenciones se unen a incomprensibles penalizaciones a la autogeneración y la prohibición de comercializar elementos de acumulación, ¿sospechosamente orientados a proteger el suministro tradicional? Fue también decisión administrativa centrar el parque generador en el ciclo combinado que usa gas natural. Un mercado que el actual ministro parece haber descubierto ahora que es opaco y poco competitivo. ¡Menos mal!

Lo discutible, en fin, es que los errores de planificación y las ineficiencias en la gestión acaben siempre cargados en el recibo que pagan algunos consumidores finales, no todos. Todavía más, que se haga sin un mínimo de transparencia, camuflado en conceptos imposibles de desentrañar. Más procedente sería ubicar primas y subvenciones en los presupuestos públicos, sujetos a los debidos control y publicidad que brillan por su ausencia en ese recibo que nadie consigue desentrañar.

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