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La 'politización' de la Justicia

La base y garantía del sistema democrático radica en cumplir la ley, cumplir las sentencias

Antoni Jordà

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La 'politización' de la Justicia

La 'politización' de la Justicia

Hace pocos meses, justo antes del verano, falleció el Dr. Domingo Ruano Gil (1933-2016), catedrático de Anatomía Humana de la Universidad de Barcelona entre 1966 y 2003. Era toda una institución. Entre sus muchas capacidades docentes, contaba a sus alumnos la manera de aprobar la asignatura: para hacerlo, deberían asistir a todas las clases y obtener en el examen una nota de diez sobre diez, es decir, el máximo. La justificación del profesor Ruano ante los asombrados estudiantes era muy simple: cuando estén ustedes ante un paciente, o en una mesa de operaciones, no pueden decir “de esta parte de la Anatomía no vine a clase, o sólo saqué un cinco, o un seis”, etc. Su argumento era lógico: Un profesional responsable no puede argumentar desconocimiento en su formación básica.

Este ejemplo es extrapolable a otras circunstancias, más allá de la Medicina. Por ejemplo, al Derecho. Y si me apuran un poco, a la Historia del Derecho. Hay que conocer mínimamente el pasado histórico y jurídico para no incurrir en disparates o errores. En esta disciplina se examina la evolución del Derecho y de las Instituciones jurídicas, desde sus orígenes hasta la época contemporánea. Uno de los momentos interesantes de esta temática es el análisis de los orígenes del Estado liberal constitucional, y de las características que lo distinguen. Entre éstas, la de la división y separación de poderes es una de las que más captan la atención de alumnos, profesores, jueces, políticos, “opinadores” y periodistas en general. La separación de poderes es la esencia básica de la arquitectura institucional del Estado liberal: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, surgidos todos ellos de la soberanía nacional, se manifiestan, organizan y actúan de forma separada e independiente. De esta forma, con un teórico perfecto equilibrio de poderes, se esquiva la tentación y los peligros del absolutismo en el que una única voluntad, la del monarca o dictador de turno, decide sobre todos los aspectos de la vida de los habitantes.

Por este motivo, es necesario que los parlamentarios elaboren y aprueben democráticamente las leyes; el Gobierno las aplique; y los jueces velen por el cumplimiento y ejecución de las mismas. Con la separación de poderes, evitando interferencias mutuas, solapamientos, presiones o intromisiones, el ciudadano puede y debe tener asegurada la certeza del cumplimiento de la ley y la defensa y garantía de sus derechos en la sociedad.

Este modelo, teóricamente perfecto, está sometido como es lógico a las deficiencias o distorsiones que el comportamiento y los intereses humanos conllevan: parlamentarios, gobernantes y jueces son personas, y como tales pueden cometer errores o abusos. Pero el régimen político democrático tiene mecanismos para resolver estos problemas con el normal funcionamiento institucional. Uno de ellos, quizás el más simple, es el respeto y cumplimiento de la ley democráticamente elaborada y aprobada. Y en el caso de no suceder así, el respeto a los jueces y el cumplimiento de sus sentencias para restablecer la vigencia de la ley: sentencias que emiten de forma imparcial y ajustada a derecho. Sin olvidar que los ciudadanos disponen de los recursos y procedimientos jurídicos necesarios para lograrlo.

Ahí radica la base y garantía del sistema democrático: cumplir la ley, cumplir las sentencias. Desacreditar a los parlamentarios que aprueban las leyes es muy fácil: frases como “no cumpliremos esta ley”, “desobedeceremos estas normas” o “la política se está judicializando” (porque se llevan ante los jueces actuaciones o decisiones que no están acorde con las leyes), o “por encima de esta ley está la voluntad del pueblo”, u otras similares, arrojan una carga de profundidad de consecuencias imprevisibles, que nos acercan al populismo demagógico y nos alejan del sistema democrático. Desacreditar a los jueces es también muy fácil: “no acataremos esta sentencia”, o “desobedeceremos al Tribunal”, o “la sentencia ya está dictada antes de comenzar el juicio”, o “la justicia está politizada” (porque no nos gustan las sentencias que se emiten en nuestra contra), etc. generan un daño irreparable en la fortaleza del sistema democrático al sembrar la duda de la imparcialidad de la justicia con respecto al cumplimiento de la ley.

Seguramente, y parafraseando al Dr. Ruano, quienes pronuncian estas frases no asistieron a clase el día que se explicaba en la facultad de Derecho o de Ciencias Políticas el tema de la separación de poderes. Más vale pensar esto. Pues de lo contrario, serían frases que responden a intereses políticos partidistas, buscando huir hacia delante en la fuga del sistema democrático para la creación de un nuevo modelo político basado no en la separación de poderes sino en todo lo contrario, en la unión de poderes en una sola mano bajo el velo aparente de la suprema voluntad popular. Decía Churchill que el democrático era el sistema político menos malo de todos los conocidos. Probablemente tenía razón. Dejemos que las imperfecciones del sistema sean resueltas por el propio sistema, reformando lo que sea necesario, pero no socavando la base misma de su existencia. En el tema de la separación de poderes hay mucho en juego.

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