La prostitución en las carreteras

Las polémicas sanciones tanto a prostitutas como a los clientes que soliciten sus servicios en las carreteras de competencia de la Generalitat tienen un nuevo elemento para el debate. Un juez de Tarragona ha anulado la sanción de 2.000 euros que los Mossos d’Esquadra impusieron a un ciudadano rumano que detuvo su coche en el arcén para recoger a una prostituta. El magistrado sostiene, entre otros argumentos jurídicos, que el sólo hecho de detenerse en el arcén no puede considerarse infracción, y que no consta que el período de ocupación sobrepasara lo permitido por las normas de tráfico y tampoco que en el lugar público se ejerciera la prostitución. La sentencia añade un nuevo problema a los esfuerzos del Govern por erradicar el comercio sexual de las carreteras. Ya en estos momentos, la competencia administrativa sobre las distintas vías limita la acción policial de los Mossos que no pueden intervenir en este tema en carreteras que son competencia del Estado. Las medidas adoptadas para erradicar la prostitución de las carreteras tienen un primer argumento en la seguridad del tráfico. Ciertamente, una carretera jalonada de mujeres ofreciendo su cuerpo de manera voluptuosa no es tolerable. Bien está que se tomen medidas. Sin embargo, en los problemas de la prostitución siempre nos quedamos en la superficie. Combatir las mafias y los problemas sociales que causa esta lacra requiere medidas mucho más profundas y difíciles.