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La solución es política, no jurídica

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La pasada semana, los partidos soberanistas registraron en el Parlament la petición de tres ponencias para redactar tres nuevas leyes que emanan de la declaración independentista del 9 de noviembre. Las leyes son las de transitoriedad jurídica, Seguridad Social y Hacienda, y están encaminadas a materializar la llamada ‘desconexión’. La iniciativa no marca un calendario preciso para que comiencen los trabajos parlamentarios, pero el hilo ha sido puesto simbólicamente en el ojo de la aguja y en cierto modo constituye el arranque del proyecto de dieciocho meses que han marcado Junts Pel Sí y la CUP para llevar a cabo la separación. La petición de una ponencia es la vía más lenta para redactar una ley (o para no redactarla, como ha ocurrido con la ley electoral catalana, que no ha prosperado en varias legislaturas), y de momento ha de interpretarse como un gesto político, encaminado a sondear las resistencias del Estado tras la suspensión de la Declaración del 9N por el Constitucional. La Abogacía del Estado ya ha presentado un incidente de ejecución de aquella sentencia encaminado a anular la creación en el Parlament de una comisión de estudio sobre el proceso constituyente, evidentemente vinculado a la ruptura inicial. Ni que decir tiene que todo este juego acabará por conducir a ninguna parte. Estamos ante un conflicto político que debe encontrar una solución política y en modo alguno jurídica. Lo demás es perder el tiempo.

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