La subasta de extremismos

Afortunadamente hoy es el último día de campaña electoral que, aunque corta, ha resultado sumamente corrosiva. El gran debate, como era de esperar, ha sido Catalunya y sobre este campo de batalla los partidos alineados en dos bloques han competido en extremismo. La última puja se produjo ayer mismo cuando el Partido Popular y Ciudadanos de la Asamblea de Madrid apoyaron una propuesta para instar al Gobierno a que ilegalice a «aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación». Todas las formaciones de izquierda se opusieron en bloque a la misma. Que Voz proponga medidas claramente inconstitucionales en su línea de regresar a los métodos dictatoriales no es ninguna sorpresa. Lo que realmente sorprende y preocupa es que partidos claramente democráticos como el PP y Ciudadanos se apunten a las tesis preconstitucionales. En ningún país democrático se proscriben las ideas y la defensa de las mismas siempre que se haga por los métodos establecidos por la ley. Prohibir preventivamente un partido, por muy demencial que parezca su doctrina, supone un ataque a la libertad ideológica inaceptable en cualquier país democrático.

La pregunta que nos debemos hacer es por qué el PP y Ciudadanos, defensores a ultranza de la Constitución y lo que significa de máxima expresión de las libertades democráticas conseguidas tras la superación de la dictadura franquista, han caído en la trampa que les ha tendido Vox. La razón hay que buscarla en el pánico que ha invadido a los partidos de la derecha (Ciudadanos lo es desde el error de Albert Rivera de querer arrebatar la supremacía de este espacio a Casado) ante el inusitado ascenso que las encuestas conceden al partido de Santiago Abascal. Vox ha conseguido desplazar el eje de la política española hacia la derecha extrema, un discurso que a su vez ha radicalizado más al independentismo, cuyo bloque compite igualmente en agitación. Hay que superar urgentemente la campaña, si bien los sondeos tampoco auguran un panorama alentador.