La tele les pone mucho

Dejando aparte otras connotaciones, pocas cosas excitan tanto a un político como ser convocado a aparecer en televisión. Dicho en términos coloquiales, les pone una barbaridad. Tan es así que suelen acudir sin condiciones, exigencias o pactos previos. Ni siquiera les preocupa sobre qué va a versar la comparecencia. Lo que cuenta es ocupar unos minutos en la pantalla, desde la convicción de que siempre hay espectadores al otro lado, a los que atraer y convertir en votantes, sea para sí mismos, las siglas que representan o ambos a la vez. Para eso están, además, los expertos en telegenia, prestos a determinar indumentaria –camisa azul suave es de libro-, peinado, posturas, gestos y cuanto alcancen imaginar. Cuestión distinta es que funcione… o no.

La cosa se acrecienta, como es lógico, en víspera electoral. Incluso los habitualmente remisos a aceptar comparecencias piden, cuando no exigen unos minutos de presencia, las más de las veces negando haber desoído cualquier invitación anterior. Y es que un código no escrito, en realidad jamás demostrado, sostiene que no hay mejor modo de conseguir el voto que prodigarse en las distintas cadenas de televisión. Hay tantos ejemplos para corroborarlo como para negar que sea verdad. Semejante afición podría no pasar de anecdótica, que es tanto como decir inofensiva, si no fuera porque provoca que esos mismos políticos, en la medida de su poder y sus capacidades de presión, tengan el hábito enfermizo de tratar de meter mano en cuanta cadena o emisora se pone a su alcance, comenzando por las de titularidad pública, claro está. Que las hay y muchas, al punto de que no existe un censo fiable y actualizado de su proliferación. Tampoco se sabe –todavía menos- cuánto dinero público consumen, en no pocos casos con actividades difíciles de calificar. En este aspecto, la transparencia va por barrios, es decir por niveles administrativos, pero en ningún caso se acerca a lo que exige manejar dinero procedente de los impuestos que paga la sociedad.

Hablar de televisión pública suele arrancar por Radiotelevisión Española (Rtve), casi siempre denostando su parcialidad informativa y los recurrentes rebrotes de la caspa más retrógrada que aparecen en su programación. Algo menos se menciona el coste que acarrea su macroestructura, capaz de reproducirse sin mella pese a los sucesivos y muy costosos ajustes de plantilla, el último de los cuales llevó a la prejubilación forzosa a profesionales con poco más de 50 años de edad. Lo llamativo es que la oposición política de turno siempre se rasga las vestiduras por la manipulación de los telediarios, pero no alza la voz porque el invento siga costando cientos de millones de euros todos los años, en un alto porcentaje con dudosa justificación.

Algo menos, pero cada vez más, se reproduce el debate con las televisiones autonómicas como protagonistas. Las acusaciones de manipulación y sesgo partidista dominan aún más que en la estatal y rara vez se extienden al gasto que acarrean, la mayoría de las veces desconocido o hábilmente camuflado en ignotas partidas del presupuesto territorial. La realidad es que prácticamente todas han replicado, casi al milímetro, la sobredimensión de Rtve y elevado los grados de sumisión a los intereses del gobierno de turno, a menudo con descaro y sin el mínimo pudor.

Lejos de acabar ahí, existe un tercer nivel de presencia pública televisiva, a cargo de ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales, del que nadie habla y apenas genera controversia, pero que detrae fondos públicos y acostumbra a tener, más acentuado si cabe, un sesgo ideológico-partidista que supera con creces los que practican sus coetáneas a escala autonómica o estatal. Huelga decir que sus cuentas propenden más a la opacidad que a la transparencia y en muchos casos ni siquiera existe constancia fiable de cuáles son sus índices de audiencia ni qué servicio presta a la comunidad sobre la que vierte su señal.

Abrir un debate serio y profundo sobre la presencia pública en televisiones y radios no estaría mal, pero quizás acabara siendo estéril, dada la enjundia y el recorrido ideológico de que se suele trufar. Sin llegar a abordar semejante cuestión de fondo, sí valdría la pena fijar criterios sobre su papel: límites a sus costes, aportaciones a la sociedad -efectivas, no imaginadas- y en definitiva parámetros aplicables a su gobernanza y gestión. Un buen punto de partida sería conocer qué cuestan de verdad a los contribuyentes, cada una y en conjunto. Otro, nada secundario, transparentar sus métodos de contratación, tanto de personal, como de contenidos, suministros, etc. Y, aunque quizás suene a pedir demasiado, no estaría de más determinar un catálogo de prestaciones, servicios o beneficios que todas las cadenas y emisoras estarían obligadas a ofrecer a la sociedad cuyos impuestos sostienen su existencia. Así se evitarían muchos disparates, bien es verdad que sin garantizar del todo lo que sería más deseable: que dejaran de ser instrumentos manejables de forma impune al servicio de gobiernos, partidos, idearios o incluso líderes políticos con la debida capacidad.

Seguramente, todo cuanto antecede rebosa exceso de ingenuidad. Es tanto como pretender que los responsables públicos empiecen a considerar que el dinero y el poder que ponen en sus manos los ciudadanos sólo puede y debe ser utilizado en beneficio del conjunto de la sociedad. Algo que todos aseguran van a hacer, pero nunca demuestran… en cuanto tienen oportunidad.