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La torpeza

No habrá referéndum si no hay garantías previas de su validez. No habrá otro 9-N

J. Moya-Angeler / Periodista

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Poco a poco, el Gobierno va reconociendo que el principal problema que tiene sobre la mesa se llama Catalunya. A pesar de la Gürtel, y de los sesenta y cuatro juicios por corrupción política que alcanzan a numerosos exministros, a pesar de todas las amenazas que se ciernen sobre el Partido Popular, Rajoy ya dice que Catalunya ocupa el primer lugar de sus problemas. Es un primer paso, pero tardío.

En efecto, a tres meses exactos de la fecha anunciada por Puigdemont para el referéndum, el Govern y quienes le apoyan, llevan una ventaja notable sobre el Gobierno, con un agravante: Rajoy, los suyos y la judicatura van cayendo en todas las trampas que se les ponen. 

Puigdemont y los suyos actúan de forma que la respuesta centralista en lugar de provocar tranquilidad, genera un aumento considerable del independentismo. La última finta, la de las urnas: habrá urnas pero en Madrid creen al no adjudicarse el concurso previo, se acaba la historia por lata de urnas. ¿Cómo pueden caer en estas estrategias de confusión?

Mientras, Puigdemont pone en evidencia que se llevan nueve años sin reunir a la Junta de Seguridad, ante las repetidas negativas del Gobierno. Las preguntas del ciudadano de la calle son: ¿Con la actual situación de tensión terrorista, se puede prescindir de la Junta de Seguridad? ¿Se abandona a Catalunya a su suerte frente al terrorismo internacional?

La torpeza de los miembros de ambas comisiones y todo lo sucedido evidencian que tanto la Operación Catalunya como la financiación del Partido Popular forman parte de la debilidad democrática que padecemos en España desde hace ya cuatro décadas. 

A ojos de la ciudadanía, la convocatoria de un referéndum en Catalunya es un primer paso para intentar huir de tanta miseria política, porque al menos se tendría un punto de referencia sobre qué piensa Catalunya de su futuro. 

La mayoría de los que votarían «no» también quieren saber dónde estamos y a qué atenernos. De ahí que el índice de los que opinan que hay que celebrar como sea –por lo legal o por lo que haga falta– haya subido hasta el 45 por ciento.

Pero, no teman, porque no habrá referéndum si no hay garantías previas de su validez. El 9-N no se repetirá. Puigdemont y los suyos tienen asumido que ha de ser así para avanzar. O referéndum en serio o nuevas elecciones para entregar el poder a Esquerra Republicana y que ésta asuma el guion de sus propios compromisos. 

La torpeza del Gobierno está animando a que la gente apoye la consulta, porque buena parte de la ciudadanía entiende que las consecuencias por no hacerlo podrían ser peores. Al menos, con un referéndum hay la posibilidad –piensan los partidarios del «no»– de que venza el «no». En caso contrario, no habría alternativa: Esquerra subiría al poder y ya no habría calendario para negociaciones. Han entendido que es peor prohibir el referéndum que permitirlo. Pero ¿entiende esto el Gobierno? Tengo la impresión de que, con la que está cayendo sobre España, no haya demasiado tiempo para pensarlo y siga cometiendo torpezas.

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