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Las elecciones catalanas, en el limbo

Sería ingenuo suponer que las impugnaciones en marcha solo obedecen a la preocupación de algunos ciudadanos por la pulcritud normativa

Diari de Tarragona

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Las elecciones catalanas, en el limbo

Las elecciones catalanas, en el limbo

Ni siquiera el más osado y creativo guionista de ficción pudiera haber imaginado una situación más rocambolesca en la ya de por sí enredada política catalana. Después de que el Govern decretara el aplazamiento de las elecciones, que pasarían del 14 de febrero al 30 de mayo, con el argumento de que los comicios agravarían la situación epidemiológica, ayer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirmó la suspensión del decreto del Govern, con lo que provisionalmente los comicios se mantienen el 14 de febrero. La sala contenciosa del TSJC decidió mantener las medidas cautelarísimas que dictó el pasado martes, por las que suspendía el aplazamiento electoral, a la espera de resolver en su sentencia, que dictará antes del próximo 8 de febrero, sobre los recursos presentados contra el decreto del Govern. O sea, una semana antes de las elecciones y probablemente con la campaña electoral ya iniciada.

El enredo legal amplifica la confrontación partidista. Ningún grupo con representación parlamentaria ha presentado recurso contra el decreto del Govern ni ha anunciado que lo vaya a hacer. Pero sería ingenuo suponer que las impugnaciones en marcha solo obedecen a la preocupación de algunos ciudadanos por la pulcritud normativa de los actos de la Generalitat en una cuestión tan delicada como un proceso electoral y no a la judicialización ya endémica del conflicto en Catalunya. La imprevisión legal no resulta fácil de suplir en la dialéctica entre las partes en litigio. Ni parece sencillo que las razones de salud pública prevalezcan sobre la cita del 14 de febrero en una resolución en la que el Tribunal Superior se erigiese poco menos que en instancia convocante. Solo un acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias podría mediar en la búsqueda de una solución a la que las instituciones de la Generalitat le encuentren una formulación jurídica aceptable. De lo contrario, Catalunya alcanzará el pico del desbarajuste institucional y de la división política cuando más falta hace un gobierno fuerte y estable para afrontar una crisis de gigantescas proporciones.

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