Las garantías del 1-O

Los promotores del 1-0ctubre dicen y sostienen que el referéndum no se llevará a cabo si no hay garantías. Se niegan a repetir otro 9-N. Pero, ¿de qué garantías hablan? La respuesta política es sencilla: de aquellas que otorguen credibilidad al resultado de la consulta. Sin embargo, entiendo que técnicamente se concretan en varios puntos.

El primero de ellos es el conocimiento social de la consulta. De momento, ya se da esta circunstancia, porque la población ya sabe que está llamada a votar el primero de octubre.
El segundo punto o garantía es que haya difusión de las dos opciones. Es decir, que haya campaña electoral para que los ciudadanos conozcan las ventajas e inconvenientes del “sí” y del “no”. En este punto, se dice que el Partido Popular ya se está preparando para una fuerte actividad a partir del primero de septiembre. Pero de hecho, ya los partidarios de las dos opciones están haciendo campaña desde hace semanas.

La tercera garantía es la calidad de la organización. Y esto solamente lo pueden avalar observadores internacionales que analicen las circunstancias del referendo y su desarrollo. La Generalitat hace tiempo que está en esta tarea. 

La cuarta garantía es la llamada “participación”. No puede ser escasa. Los mismos organizadores  dicen que no alcanzar los tres millones de votantes no otorgaría credibilidad moral suficiente al resultado, tanto en un sentido como en el otro.

Y la última garantía está en el recuento de votos. El método (como el censo en el que se basará) ha de ser técnicamente correcto. Y supervisado por los observadores internacionales.
No se puede reprochar nada a estas exigencias que, ciertamente, harían creíble el resultado final. De la misma manera que no es difícil que los organizadores del referéndum puedan desarrollarlas. Contra ellas, poco puede hacer el Gobierno de Mariano Rajoy para echar al traste la consulta. Decir que es ilegal no anula ninguna de las garantías. Sí puede hacerlo respecto a otros aspectos, pero son previos a los aquí señalados. Por eso, Puigdemont se siente cada día más fuerte, porque está más cerca de la fase final, la de las garantías, que no encerrará dificultades especiales. Si el Gobierno central ha de actuar, lo tendrá que hacer bastante antes. Y los días van venciendo en el calendario con una celeridad que no permitirá vacaciones para nadie, ni en uno ni en otro lado de esta especie de contienda.

El concepto de legalidad es el argumento que más exhibe el Gobierno. “Hay que cumplir la Ley” y “esto es anticonstitucional”  proclama Rajoy mientras hace caso omiso a ciertas decisiones del Tribunal Constitucional. Es cierto, hay que obedecer la Ley, pero ¿y si la ley no clara o incluso no es legítima? Pues hay que cambiarla. Así de sencillo. Adaptarla a nuevas realidades. Y el Gobierno de Rajoy ha tenido tres años para hacerlo. Tres años que ha desperdiciado blandiendo el viejo concepto de “defendella y no enmendalla”, que acuñó el asturiano conde Lozano frente al Cid …y duró unas horas. Ahora es tarde para “enmendalla” y no parece siquiera que haya voluntad de moverse de esta línea. 

Víctima quizás de esa decisión de respetar la Ley, Rajoy ha dicho que no hará nada ilegal respecto a Catalunya. Lo incongruen te hubiera sido anunciar que estaba dispuesto a saltarse la Ley. Anunciando esta actitud, en lugar de defenderse del nacionalismo catalán, lo que ha hecho ha sido defenderse de los que le jalean para que de un puñetazo sobre la mesa, el golpe espectacular y tentador que le ponen delante unos cuantos “influencers” de Rajoy. Es decir, que Rajoy navega entre dos frentes y con el viento en contra. Cada día lo tiene peor.

Mientras, Puigdemont, Mas y su equipo lo tienen muy claro: hay que avanzar cada día y seguir llevando la iniciativa, como lo demuestra su última decisión de remodelar el Govern para apaatar a todos los consellers que tengan dudas del 1-O. Ellos están seguros de que el referéndum se hará y de que se hará bien. Las garantías, en principio, no son difíciles de tener, lo que significa otro paso adelante.