Las mujeres en tiempos de pandemia

Con motivo del día de la Mujer trabajadora y desde hace diez años, el Diari de Tarragona me publica un artículo sobre este tema. Mientras preparaba este artículo me daba cuenta de lo poco que hemos avanzado en una década. Lejos de desanimarme, el hecho me motiva aún más, si cabe, para seguir combatiendo el negacionismo sobre la desigualdad de género y, especialmente, la existencia de la brecha salarial.

La diferencia salarial existe, es una injusticia social, castiga económicamente a las mujeres por estar expuestas a las discriminaciones y barreras de género que persisten. La brecha salarial se traduce, en el presente, en salarios más bajos y, en el futuro, en prestaciones y pensiones más bajas. Según estudios realizados, romper la brecha salarial supone aumentar el sueldo medio de las mujeres en un 27%.

Son factores de la brecha salarial el desempeño de empleos temporales, a tiempo parcial, en sectores y en puestos de trabajo con salarios más bajos. Pero la brecha no se queda ahí. También se refleja en las barreras todavía existentes que impiden la igualdad laboral: las opciones laborales no alcanzan a todas las mujeres, ni a todas las actividades productivas; se mantienen los roles de género (cuidar, educar, etc.) y a ello se suma la falta de conciliación y corresponsabilidad en la pareja. Todos estos factores provocan que tengamos menor y peor acceso al mercado laboral, lo que se traduce en precariedad, discontinuidad de la carrera profesional, etc.

La brecha salarial depende del tipo de contrato y la jornada. Así pues, el 25% de las mujeres asalariadas trabajan con un contrato a tiempo parcial, mientras que en el caso de los hombres es del 7%. El trabajo de las mujeres a tiempo parcial es consecuencia de su dedicación a las personas y la causa es la falta de servicios sociales públicos suficientes y de calidad. La Ley de la Dependencia no tiene los recursos suficientes para su completa eficacia y aplicación. Para romper la brecha salarial y, en consecuencia, acabar con los roles de género son necesarios unos servicios públicos de atención a la dependencia a las personas.

En definitiva, acabar con la desigualdad en el ámbito laboral requiere de políticas, recursos y estrategias que actúen sobre los diversos factores de la discriminación. Porque la lucha contra la discriminación salarial es la lucha por un empleo de calidad para ambos, mujeres y hombres; por la defensa de los servicios públicos (generadores de cuidado y generadores de empleo) y contra los recortes económicos, sociales y de derechos laborales, que acentúan las desigualdades y la pobreza.

La pandemia y la Covid-19 han perjudicado especialmente al sector sanitario, a los servicios asistenciales de la gente mayor y a los usuarios de las residencias, todos ellos mayoritariamente mujeres trabajadoras y/o mujeres mayores residentes. La mortalidad de la Covid-19 ha tenido cara de mujer y ha provocado soledad y tristeza en nuestros ancianos, en su mayoría mujeres.

Todos los años, por estas fechas, se organizan las manifestaciones del 8 de marzo. Las pasadas del 2020 no estuvieron exentas de polémica por celebrarse en el inicio de la pandemia, poniendo en riesgo la salud de todos y especialmente de las mujeres manifestantes. Espero que este año su celebración se despolitice y los partidos y organizaciones feministas busquen alternativas, igualmente festivas, pero que no supongan un peligro para las mujeres ni propicien la propagación del virus.

Hay que señalar pequeños avances por la igualdad. Un ejemplo, que mejora la paridad de género, es el resultado de las pasadas elecciones al Parlament de Catalunya, en las que aumentó la presencia femenina hasta el 48,1%, frente a los resultados de la anterior legislatura, que se quedó en el 44%.

Un tema actual es la polémica Ley ‘Trans’, que ha ocasionado un «choque» entre las ministras Calvo y Montero. Su articulado ha enfrentado a los socios de Gobierno y, a la vez, con el movimiento feminista. Me he tomado el interés de leer ambos borradores de ley (la Ley ‘Trans’ de la ministra para la Igualdad y la Ley para la igualdad de las personas LGTB de la Vicepresidenta del Gobierno) y reconozco que no he sacado «agua clara». Lo que parece evidente es que el borrador de la ministra Irene Montero elimina de un plumazo la categoría legal de «sexo». Es decir, que, si se aprueba esta Ley, será mujer tanto la de sexo biológico femenino como quien diga sentirse mujer, aunque sea biológicamente hombre. La decisión de ser mujer dependerá de un sentimiento o identidad (autodeterminación de genero) y será suficiente para inscribirse como tal en el Registro Civil. La Ley ‘Trans’ se resume así: Dar prioridad a la identidad de género sobre el sexo biológico; se legisla para un colectivo minoritario (0,1% de la población) y les reconoce derechos laborales, sociales y económicos; no está claro el objeto de protección; «despatologiza» lo ‘trans’, es decir, la ley permite cambiar legalmente de sexo sin cumplir ningún requisito; etc.

La Ley ‘Trans’ gira en torno a la identidad de género. Y ¿qué es la identidad de género? Supongo que se refiere a la vivencia interna e individual del género. Y ¿qué es el género? Pues, la Ley no lo define. Quizá porque, en cierta manera, vuelve a los estereotipos de toda la vida, pero al revés.

Y me pregunto: ¿Qué pasa con aquellas relaciones jurídicas, derechos, protocolos, etc. nacidos sobre la base de un sexo biológico? Estoy pensando en tipos penales como la violencia de género, las competiciones deportivas, el uso de vestuarios en el trabajo o en gimnasios, en los reclusos de centros penitenciarios, etc.; o en la paridad como instrumento para alcanzar la igualdad de género (paridad en tribunales de selección, elaboración de listas electorales, etc.).

En este último caso, actualmente para cada bloque de 5 candidatos tiene que haber, como mínimo, 2 candidaturas de sexo femenino. Con la Ley ‘Trans’ puede darse la paradoja de que los 5 candidatos sean de sexo masculino, pues 2 de ellos se pueden sentir/identificar de género femenino y autodeterminarse de esta manera en el Registro Civil. De esta forma desaparecería ipso facto la discriminación positiva y con ella la pretendida igualdad de género en la esfera política.