Las pensiones, un problema de Estado

En vez de tomar la iniciativa, el Gobierno se ha limitado a ofrecer unas vagas ventajas fiscales a los pensionistas ‘mayores’

04 marzo 2018 20:16 | Actualizado a 04 marzo 2018 20:17
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Una gran parte de la opinión pública y desde luego todos los interesados directamente en el asunto creen que los pensionistas deben conservar su poder adquisitivo durante todo el tiempo de percepción de la pensión. Y también que no debe producirse un descenso significativo de las expectativas de los futuros jubilados, ya que los trabajadores tienen derecho a la certeza de que al concluir su vida laboral tendrán un retiro digno.
El presidente Rajoy ha pedido que el asunto no se dirima en la plaza pública sino que se lleve al marco del Pacto de Toledo, que se firmó precisamente en 1995 para apartar el sistema público de pensiones de la confrontación política partidista. Pero, como es imaginable, nadie le ha hecho caso, entre otras cosas porque el Gobierno no está siendo capaz de coger el toro por los cuernos y tomar la iniciativa política en un asunto tan capital. Las recetas del resto de formaciones son diversas. Podemos ya registró el 25 de enero una proposición de ley para elevar las pensiones un 1,6% en 2018, es decir, la subida prevista del IPC. Y ha solicitado después un pleno monográfico al que acudan Rajoy y para debatir la situación del sistema de pensiones. El PSOE, que se ha adherido a la petición de comparecencia, ya ha presentado asimismo una proposición de ley para blindar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y derogar el 0,25%. Conviene recordar que fue el presidente Zapatero, acuciado por la crisis y por Bruselas, quien puso fin a la indexación con el IPC. Ciudadanos mantiene una actitud cautelosa y condiciona el apoyo a la revalorización según el IPC a obtener el soporte de PSOE y Podemos a las medidas sociales que propone en los Presupuestos de 2018.
El propio PP, al ver que todos los ojos se vuelven hacia él, no ha tenido más remedio que ofrecer unas vagas ventajas fiscales a los pensionistas «mayores», que son más un guiño que un planteamiento sólido para afrontar un preocupación que acucia al país y que no se puede abordar de otra forma que lo que es: un problema de Estado.     

 

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