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Legalizar la prostitución

Legalizar la prostitución también implica amparar de un modo u otro el negocio de los proxenetas
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Las normas jurídicas se diseñan buscando el bien común, con el fin de promover la justicia y los derechos de todos por igual, de tal manera que el pez grande no se coma al chico. A la hora de decidir sobre la oportunidad de una determinada ley el legislador se mueve entre los principios éticos y las consecuencias, pero aplicando la lógica de la prudencia, porque no estamos siempre obligados a hacer todas las leyes que son posibles para promover el bien o evitar el mal.

Por ejemplo, aunque actualmente se acepta que fumar es algo dañino, no se está contemplando la prohibición absoluta de su consumo porque se considera que una ley de estas características sería socialmente muy conflictiva. En este caso la prudencia del legislador se ha decantado por prohibir el consumo en espacios públicos y aumentar la presión fiscal, con el objetivo de reducir el tabaquismo lo más posible.

Se acaba de plantear la legalización de la prostitución. Esto se puede analizar desde los principios o desde las consecuencias. Se ha afirmado que cobrar por sexo es una cuestión personal y opinable, de modo que si se decide libremente no hay por que poner trabas. Este razonamiento es una declaración de principios que sería equiparable a la legalización de la esclavitud, que en este caso sería selectiva, introduciendo la garantía de que la persona decide libremente alquilar su cuerpo. Una argumentación parecida ya fue utilizada por los esclavistas en el pasado, afirmando que muchos esclavos, si se les diera la opción, preferirían libremente seguir siéndolo, porque les supone una vida mejor que cualquier otra alternativa.

Desde la perspectiva de las consecuencias se puede pensar que legalizar la prostitución va a beneficiar a quienes de todos modos la van a practicar. Pero también conviene valorar lo que significa amparar, de un modo u otro, el negocio de los proxenetas, que controlan un oficio ejercido por personas generalmente necesitadas y vulnerables, que de este modo quedan irremediablemente encerradas en un mundo a menudo impregnado por la violencia de género.

Las leyes suelen empezar con una “exposición de motivos” donde se analizan los antecedentes del texto legislativo y sus fundamentos éticos.

Ahí es donde los proponentes tendrán que argumentar si la legalización de la prostitución es la expresión del respeto a la autonomía personal, acompañada de la evaporación del concepto de dignidad humana, o se trata de una estrategia para reducir los daños colaterales de algo que, en la medida de lo posible, se debería evitar.

En el caso de que la legalización trate de justificarse sosteniendo que sus consecuencias positivas serán mayores que las negativas, el legislador deberá cargar con el peso de la prueba ofreciendo un análisis convincente.

Sin embargo, parece que de tomarse esta senda los proxenetas estarán encantados con la industrialización de su negocio y las personas que se prostituyen seguirán en la precariedad de un sórdido comercio admitido por la sociedad, sin ninguna esperanza para la reinserción.

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