Lenidad frente a la corrupción

La corrupción ha sido sin duda la mayor lacra de nuestra democracia, que ha adquirido proporciones dantescas en los últimos años. Frente a esta situación, que nos obsequia con noticias judiciales inquietantes casi todos los días desde hace años, el Gobierno y, en general, las formaciones políticas aseguran que se ha actuado con contundencia para evitar que puedan repetirse los abusos. Pues bien: hay que decir claramente que no es cierto que se haya actuado con rigor. Más bien al contrario: lo realizado en los ámbitos legislativo, político y social para combatir la corrupción es insuficiente. La mayoría de los casos descubiertos de corrupción lo han sido gracias a denuncias de ciudadanos ante la autoridad judicial. Mientras en muchos países -Bélgica, Francia, Suecia, Estados Unidos, etc.- los delatores de tales delitos obtienen una protección especial, en España son sistemáticamente maltratados y perseguidos. 
Se han desoído por completo las siete recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa encaminadas a despolitizar el ministerio fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el proceso de selección de los jueces del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o las audiencias provinciales. Deberían eliminarse las injerencias políticas, objetivarse mediante normas los procedimientos de promoción en la magistratura, mejorar la transparencia en las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno, etc. No parece, en fin, dudoso que la independencia de las instituciones judiciales respecto al poder político es francamente mejorable.
Esta es resumidamente la situación. Estamos lejos del Tercer Mundo pero también de Suecia por ejemplo. Conviene conocerlo para que nadie siga diciendo que se ha hecho todo lo posible en la lucha contra la corrupción.