Libres y legales

La Delegación del Gobierno español en Catalunya anunció ayer que apertura de la campaña del referéndum en Tarragona era un acto ilegal, según su interpretación de las resoluciones del Tribunal Constitucional orientadas a suspender e impedir el 1-O. En la línea de las querellas masivas promovidas por el Fiscal General del Gobierno –llamarle del Estado es un insulto a la razón–, la amenaza se dirigió a los responsables del recinto.

Afortunadamente, la notificación de la presunta ilegalidad generó más expectación que tensión y la Tarraco Arena Plaza vivió un mitin tan multitudinario como tranquilo. ¿Asistimos anoche a la comisión de un delito flagrante? Para mí, fue más bien un acto cívico en el que miles de ciudadanos no se dejaron amedrentar por los poderes del Estado. La opinión que a cada uno le merezcan la convocatoria y las ideas que allí se expresaron ya es harina de otro costal.

La prohibición pretendida por el Gobierno hubiera significado limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de difusión de ideas de toda índole, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La propia Constitución española reconoce que el ejercicio de estos derechos «no puede estar sujeto a previa censura». La suspensión del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre no puede comportar que se cercene el derecho a difundir o promover esta opción política, a manifestarse en su apoyo o a defender públicamente su celebración.

Cuarenta y ocho horas antes, un juez de Madrid ya había pisoteado estos derechos prohibiendo un acto político convocado en la capital de España en favor del referéndum, básicamente porque no coincidía con la particular visión que el magistrado tiene de lo que es España.