Llei d'Espais Agraris. Pena de muerte al suelo no urbanizable

La función pública se descontrola por momentos. El intervencionismo sistemático asola ya de pleno a todos los frentes profesionales. La hiperlegislación es la estrategia política para garantizar la necesidad de una pirámide poblacional creciente en la función pública. Y la legislación del suelo no escapa a ello. Ahora, otra vuelta de tuerca más en lo que se llama «leyes en capa», o varias legislaciones superpuestas sobre un mismo concepto.

Con la Ley 3/2019 de 17 de junio denominada Llei d’Espais agraris (por cierto, todavía sin Reglamento, como era de esperar), la Administración Catalana da una vuelta de tuerca propia de dictaduras comunistas sobre el control de la propiedad privada agraria, en beneficio de no se sabe qué, o de no se sabe quién.

Después de más de 30 años ‘d’autogovern’, promulgando y auspiciando directa o indirectamente una vida urbana en la ciudad, el abandono del campo (el suelo no urbanizable) ha sido una constante. A base de prohibiciones de cualquier tipo, cualquier posibilidad de tener una casa en el campo, ligada o no a una explotación agraria, o bien como espacio residencial ha sido una epopeya suicida y que ha generado más y más abandono rural.

Ayudas a fiestas populares, pero más y más escuelas cerradas en pueblos, menos y malos transportes, pocos o nulos servicios y al fin, menos población. La excusa de la falsa sostenibilidad urbana en la era de las comunicaciones ha sido una encerrona desde hace al menos una década, donde podía haber conexión 4G en casi cualquier sitio y cuando ya no era necesaria la conexión a servicios energéticos.

Ahora, burócratas de traje y corbata se despiertan en una maquiavélica y peligrosa operación de regulación del suelo agrario que supuestamente pretende que tengamos «una soberanía alimentaria». (artículo 4, apartado a). Flipante pretensión y contundente fin el de recuperar en meses el suelo agrario en desuso desde hace décadas. Hay prisas. Y éstas son malos augurios siempre.

Chivatos de pueblo 

Para ello, la propia ley habilita al ciudadano libre a «denunciar» suelos desocupados o en desuso, inscribiéndose en una lista «oficial». Artículo 24. 2. «Tota persona que vulgui identificar parceles agrícolas i ramaderes en desús i formi part de les organitzacions de l’apartat 1, s’han de registrar en una base de dades de l’Administració per donar-se d’alta». Son los nuevos policías del campo. En el fondo, ciudadanos particulares al servicio de funcionarios públicos. Chivatos del pueblo. Flipante al cuadrado. Lo que no dice la ley, es si toda persona que no pertenezca a organizaciones del apartado 1 podrá hacer lo mismo y sin identificarse en base alguna. O sea, en el anonimato.

Esta ley, de efecto rebote y, como telón de fondo puede generar los últimos grandes especuladores beneficiados del suelo urbanizable a futuro. Está claro que, limitando el suelo agrario (suelo no urbanizable) bajo un control proteccionista con otra ley agraria superpuesta, al margen de las leyes paisajísticas y otras que las rodean, la especulación en el suelo urbanizable va a jugar sus últimas cartas para los próximos decenios.

Al pobre payés, al pobre ganadero, al propietario de bosques, a los que lentamente y  con desidia y abandono se ha presionado con una hiper legislación insostenible, a los que les han «obligado» a abandonar progresivamente la tierra, a dejar explotaciones y abocado a una huida de la ruralidad en busca de escuelas para los hijos, trabajos más estables y lo que le llaman «oportunidades»; ahora les dirán que sus tierras abandonadas deben producir o las alquilará la Administración en concurso público.

A la más que evidente falta de políticas de equilibrio territorial en Catalunya, a las ayudas inexistentes para pequeños propietarios (directas o indirectas) se ha sumado la idea que «la ciudad es oportunidad y el campo, fracaso». Así esta la gran urbe, llena de mileuristas y de gente emigrada a la ciudad con sus descendientes. Y ahora le castigan si su tierra es yerma y no se cultiva. Intervencionismo provocador, propio de gente avasallada y avasalladores.

Sí señores, la ley contempla que aquellas fincas «identificadas» por policías del campo si cabe llamarles, formen parte de una declaración de parcelas en desuso (en 3 meses) y sometidas a concurso público para su alquiler y productividad futura (artículos 25-26-27-28). La Administración establecerá la renta de alquiler, y todavía no queda claro qué parte de ella ira al propietario y qué parte a la Administración en concepto de gestión. Supuestamente el Reglamento lo dirá. Licitaciones públicas sobre arrendamientos en suelo privado en la que se pueden presentar grandes grupos y corporaciones agrarias para alquilar suelo declarado en desuso agrario. 

Léanse lo que habrá que hacer para recuperarlo (art 26) y lo que pasará con el centenar de miles de fincas sin identificar. Como decía en mi anterior artículo, ‘Cadena Perpetua al suelo no Urbanizable’, a golpe de ley nos echarán del mundo rural, y a golpe de ley nos harán tributar para volver al mundo rural.

Durante 20 años ha habido múltiples posibilidades de potenciar la ruralidad. Establecimiento de políticas de ayuda a pequeños municipios para garantizar la continuidad de escuelas, orientar inmigrantes a la ruralidad, establecer programas públicos de limpieza de bosques con parados subsidiados y fortalecer el uso del suelo rural posibilitando a particulares tener una vivienda en el campo a cambio de deberes de sostenibilidad en el terreno: limpieza, energías renovables, etc.

Sin haber permitido nada de ello, recuerdo con estupor la negativa de una administración pública a dar permiso a un ganadero de más de 30 añlos afincado en Valls al que le decían «no se puede hacer la casa en la explotación. Que vaya a dormir a la ciudad», decían, que está a 5 km!!!. Que le expliquen al funcionario que cuando una ‘berra’ está a punto de parir, hay que acudir rápido, y menos tontería y más respeto. La vivienda es necesaria al lado de la explotación y, aunque no lo fuera es una excusa perfecta para mantener el territorio.

Miles de acciones pequeñas individuales en el suelo no urbanizable pueden tener un efecto más favorable que 1.000 agentes rurales actuando de policías. El mejor fuego que apagar es aquel que es imposible que se produzca per actitud preventiva y de propiedad. Cuando uno tiene la casa en el bosque, ya se ocupa de no hacer tonterías y perderla. La desocupación obligada del suelo es la causante del daño, y legislar para ser una autonomia «soberana alimentariamente» suena a chiste de mal gusto.