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Ayer vinieron a por nosotros. El Estado asumió la bravata que le reclamaba el nacionalismo español y mandó a la Policía Nacional y la Guardia Civil contra las ciudadanos que acudían a votar en el intento de referéndum de autodeterminación del 1-0. Teniendo en cuenta que el Gobierno ya lo daba por abortado desde el día anterior, al haber inutilizado sus mínimos requisitos y garantías, cuesta entender el objetivo de las agresiones perpetradas por los cuerpos de seguridad, que dejaron más de 800 heridos ante los ojos atónitos del mundo. Semejante balance debería ser insoportable para un país democrático, pero como decía el tópico, España –o al menos la España que sustenta al PP, PSOE y C’s– es diferente. Para Rajoy, no fue ni tan siquiera un dato digno de mención en su perorata de siempre.
Resulta cansino repetir el carrusel de irresponsabilidades y cegueras que nos han llevado hasta aquí. La única conclusión positiva de un domingo tan aciago es que ayer fue un día que no olvidaremos y, sobre todo, no olvidarán las jóvenes generaciones, que por primera vez pudieron comprobar que el ejercicio de la libertad no es gratis.
Igualmente salvaje resultó la respuesta de Carles Puigdemont. El presidente de la Generalitat anunció que en los próximos días «trasladará» al Parlament los resultados de la votación del 1-O, para que, si el ‘sí’ a la independencia es mayoritario, aplique el procedimiento previsto en la ley del referéndum para proclamar la independencia de Catalunya.
Puigdemont dobla así la apuesta, pero esta partida es ya un disparate. Intentar declarar la independencia en base a una consulta en la que no se sabe con certeza cuánta gente votó, cuántos fueron realmente las papeletas a favor y en contra y una lista inacabable de déficit, no es serio. Y no creo que sea el desenlace que se merecen los cientos de miles de catalanes que ayer dieron una lección de compromiso cívico, de los Mossos d’Esquadra que decidieron proteger a sus conciudadanos antes que apalearles, y un largo etcétera.
