¿Lo sabía todo el mundo?

Ahora resulta que el escándalo del Banco de Madrid no ha sido una sorpresa. La Kutxa, que vendió la entidad a la Banca Privada de Andorra con autorización gubernativa en 2011, ya advirtió al gobierno español de las malas prácticas que venía realizando la entidad. La familia Pujol recurrió a la BPA y al Banco de Madrid para legalizar la famosa herencia porque fue el único que cuestionó el origen ilegal de aquellos dineros, y lo mismo hicieron otras fortunas que se acogieron a la última amnistía fiscal. Además, parece que se conocía que determinadas personas de currículum vidrioso utilizaban la entidad con fines poco claros.

Además, en febrero -el mes pasado- el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ultimó un informe exhaustivo en el que se detallan algunas de estas operaciones realizadas por «personas políticamente expuestas (PEP) y empresarios españoles”, en el que se señalan 23 operaciones sospechosas por más de 30 millones de euros y se citan a más de cien clientes conflictivos. La fiscalía se ha hecho cargo del caso, que saltó a la luz no por esta investigación sino por la contundente denuncia del Gobierno norteamericano.

Habría que preguntarse, en fin, cómo es posible que un escándalo que no ha sorprendido a nadie haya tenido que estallar por denuncias del exterior y no porque el supervisor, el fiscal o la policía hayan alertado a tiempo de lo que estaba ocurriendo.