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Opinion EDITORIAL

Los Mossos ante el 1 de octubre

Los representantes sindicales de los Mossos d’Esquadra tienen claro que no pueden incumplir la ley y el Govern se comprometió a no comprometer a ningún funcionario.

Diari de Tarragona

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L a dimisión de Albert Batlle, director de los  Mossos d’Esquadra , «por razones políticas», poco después de la sustitución del conseller de Interior Jordi Jané por el «independentista de toda la vida» Joaquim Forn constituye un hecho cuando menos preocupante. Significativamente, el director dimisionario -hubiera sido destituido de todos modos por su moderantismo- ha declarado tras su marcha: «Estoy convencido de que en los momentos actuales que vive el país la policía seguirá perseverando en la defensa y bienestar de nuestros conciudadanos y lo hará, como siempre, con un escrupuloso respeto y sujeción a la ley». Batlle, con carné del PSC desde 1974, había sido nombrado por el conseller de Interior Ramon Espadalé, de UDC, lo que explica la desconfianza que inspiraba últimamente a los líderes de ERC y la CUP. El sucesor de Batlle, Pere Soler, un destacado independentista, ha sido lógicamente seleccionado por su simpatía a la causa de la independencia. De hecho, mientras Batlle defendía la tesis, bastante obvia, de que los Mossos d’Esquadra han de dedicarse a promover el cumplimiento de la ley con neutralidad ideológica, Soler aseguraba que la policía autonómica catalana tenía la obligación de «facilitar» la consulta. A veces, es más sencillo resolver los problemas arduos cuando sus términos se especifican con meridiana claridad que cuando se mantienen en una vaporosa ambigüedad. En este caso,  los últimos movimientos de Puigdemont y Junqueras no dejan dudas. También los representantes sindicales de los mossos han hablado claro: reconocen la doble dependencia, jerárquica de Interior, funcional de los jueces y fiscales; afirman que «la policía tiene poco margen de maniobra: cumplir y hacer cumplir las leyes»; y, según Toni Castejón, en el cuerpo hay sensibilidades distintas, pero la inmensa mayoría tiene claro que son funcionarios que se arriesgan a ser sancionados si incumplen la ley. Los Mossos d’Esquadra son funcionarios y tal como el Govern ha comprometido, ningún funcionario será obligado a forzar su voluntad.

 

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