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Opinion EDITORIAL

Los costes de la Operación Copérnico

El despliegue policial para impedir el pseudorreferéndum del 1-O costó al Estado más de 87 millones de euros

Diari de Tarragona

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En algún momento el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que hacer autocrítica de su mala gestión de la crisis catalana. Uno de los más clamorosos errores fue inundar Catalunya de policías y guardias civiles, alojados grotescamente, y disponer las cargas policiales para impedir una votación que no tenía reconocimiento y recorrido legal alguno. Cuando el Gobierno apreció el error y ordenó suspender el dispositivo, las redes sociales ya se habían llenado de fotografías y vídeos de los agentes pegando a gente que lo único que hacía era intentar depositar una papeleta en unas urnas de plástico que los servicios secretos del Estado fueron incapaces de detectar en las semanas previas a la celebración del pretendido referéndum. Todos aquellos errores adquieren ahora mayor gravedad al conocerse el coste que ha tenido la conocida como Operación Copérnico. El presupuesto total del amplísimo despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según detalló ayer el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en su comparecencia en el Senado, fue de 87,1 millones de euros, una cantidad que el propio departamento ha desglosado posteriormente a los grupos parlamentarios de la Cámara Alta. En total el Ejecutivo central destinó 87.103.355,05 euros para movilizar a 6.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil –se organizaron relevos y sólo hubo unos 4.500 efectivos de forma estable. De ello, el mayor gasto se asignó para las dietas de los agentes, que ascendieron hasta 43,3 millones de euros.
Una de las imágenes icónicas del dispositivo, y a la vez objeto de todas las burlas, fueron los tres ferrys crucero atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona. Los tres barcos supusieron un gasto de 26,5 millones de euros, agregados dentro del capítulo de dietas. El ferry Moby Dada –también conocido como barco de Piolín–, acarreó un coste para el erario público de 5,5 millones de euros. Después faltará dinero para asistencia sanitaria y para las pensiones. Que vayan reflexionando nuestros políticos (todos) por qué no se les vota.

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