Los mártires de la corrupción

Gürtel, Bárcenas, Palma Arena, Nóos, «tarjetas black», la trama del 3%. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cifra en 90.000 millones de euros al año el coste de estos delitos en España y todos estamos de acuerdo en que ningún acto de corrupción debe quedar impune ya que la corrupción saquea las arcas del Estado, las reservas que financian los servicios al ciudadano, nuestros derechos y prestaciones sociales. Para atajarla es clave la denuncia ciudadana. Sin embargo, pocos tienen la valentía de hacerlo. Y no es de extrañar. Tal y como explican hoy en el Diari los denunciantes de algunos de los casos investigados por la justicia en nuestras comarcas (como la ingeniera de Acuamed, Azahara Peralta, que destapó una trama que presuntamente desvió 40 millones en la descontaminación del pantano de Flix o el exconcejal de la CUP de Reus, David Vidal que fue el primero en cuestionar el holding Innova), actuar en conciencia les ha obligado a sobrellevar presiones, amenazas, gastos jurídicos e incluso el desempleo.

Si bien es cierto que también hay quien les felicita y les anima a seguir haciéndolo, resulta triste que aquellos que hacen lo que moralmente se debe tengan que asumir un coste por ello. La defensa del que denuncia la corrupción es clave para cortarla de raíz. Si alguien que en el ejercicio de su trabajo ve pasar la ilegalidad por delante de sus ojos se sabe protegido, lo más probable es que lo denuncie. Para ello, la protección jurídica y laboral es básica.