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El pasado martes los Mossos d’Esquadra pusieron en marcha una amplia operación contra la venta ambulante de productos falsificados en Salou. Se realizaron varios registros por orden judicial y en uno de ellos perdió la vida un ciudadano senegalés tras caer desde el balcón de un tercer piso. Pese a que los responsables de Interior y diversos testigos independientes afirmaron que la víctima se precipitó al vacío al intentar escapar de los agentes, algunos compañeros del difunto atribuyeron el accidente a la brutalidad policial. El hecho es que algunos de sus compatriotas decidieron tomarse la justicia por su mano, organizando una protesta callejera que acabó con graves disturbios: decenas de heridos, vehículos apedreados, destrozos en el mobiliario urbano, tráfico ferroviario cortado durante todo el día, desperfectos en varios locales comerciales… Incluso algunos vecinos y turistas fueron agredidos físicamente por los manifestantes, como puede observarse en las imágenes difundidas por Europa Press.

Deberíamos comenzar el análisis de lo sucedido reconociendo que, sin duda, el suceso más lamentable de esta jornada fue la muerte de Mor Sylla. Este senegalés de cincuenta años nació en M’bour, cerca de Dakar, y tras estudiar Económicas en su país, acabó emigrando a Europa hace tres lustros en busca de mejor fortuna. Durante varios años alternó diversos empleos e incluso probó suerte como empresario. Luego llegó la crisis y terminó captado por las mafias del top manta. Los testimonios de sus paisanos hablan de Mor Sylla como un miembro muy apreciado y relevante de la comunidad senegalesa, siempre dispuesto a echar una mano a quien más lo necesitaba. Actualmente vivía con su mujer y su hija de dos años, cuyo futuro se intuye incierto. Una historia de supervivencia y clandestinidad con un trágico final.

No hay nada más humano que conmoverse ante historias como ésta, especialmente si hemos tenido el privilegio de nacer en un lugar donde la vida nos mira con un gesto más benévolo. Ninguno de nosotros se ha visto obligado a jugarse la vida para vivir en un país medianamente seguro, ni ha tenido que esconderse de la policía para poner un plato sobre la mesa de su familia. Sin embargo, utilizar este drama para cuestionar la necesidad de aplicar nuestras leyes supone dar un paso peligroso que puede terminar perjudicando indebidamente a quienes no tienen ninguna responsabilidad en esta desgracia.

Todos los países occidentales disponen de normativas similares para dotar al tráfico mercantil de cierta seguridad, agilidad y viabilidad. No es razonable, por ejemplo, que quienes han invertido sus ahorros poniendo en marcha un negocio legal sufran la competencia desleal de quien vende frente a su puerta imitaciones falsas de sus propios productos, sin pagar además ningún tipo de tasas ni impuestos. En ese sentido, sorprenden algunas protestas de los manteros de Salou: “sentimos la presión de la policía”. ¿Qué esperan, que les aplaudan? La autoridad debe defender a quienes respetan la ley y penalizar a quienes no lo hacen, una máxima evidente que de vez en cuando debe recordarse, a la vista de algunas manifestaciones que estos días nos llegan desde la extrema izquierda. Vivimos actualmente un tiempo convulso que está siendo utilizado por determinadas ideologías para cuestionar el principio de legalidad amparándose en una interpretación abusiva de dos características fundamentales del ordenamiento jurídico: la equidad y la justicia.

En primer lugar, la ley debe ser efectivamente aplicada de forma equitativa, o lo que es lo mismo, atendiendo al caso concreto. Así, por ejemplo, una norma debe interpretarse de la forma menos severa posible cuando es evidente que su aplicación estricta conllevaría una injusticia flagrante. Una necesaria aplicación de este principio la observamos actualmente en los procedimientos de desahucio por impago, cuya implacable literalidad puede acarrear abusos dramáticos. Sin embargo, debemos diferenciar la equidad del sentimentalismo, una actitud que puede terminar minando los cimientos de la construcción legal más robusta. Existen pocos fenómenos más letales para un estado de derecho que convertir los conflictos legales en una competición pública para dilucidar cuál de las dos partes da más pena. Cuidado.

Por otro lado, es indudable que las leyes deben ser justas. Aunque se han escrito sesudos tratados sobre el tema, creo que todos nos hacemos una idea aproximada sobre qué significa dicha afirmación: las normas deben responder al bien común, deben ser proporcionadas al objetivo perseguido, no deben atentar contra los derechos humanos, etc. Este principio presupone la posibilidad de que existan leyes injustas que los ciudadanos no estarían obligados a cumplir, o que incluso estarían obligados a incumplir (recordemos los juicios de Nuremberg). Sin embargo, esta realidad dista sensiblemente de las crecientes llamadas genéricas a la valoración individual sobre la justicia de las normas, de donde se deriva un supuesto derecho a decidir unilateralmente si deben o no ser obedecidas. Este demagógico e inquietante discurso ha sido enarbolado incluso por algunas instituciones públicas (que paradójicamente exigen a los ciudadanos que acaten sin rechistar las leyes que ellas promulgan), un contradictorio planteamiento cuyo destrozo pedagógico en la conciencia social tardaremos décadas en remendar.

Volviendo al tema central que nos ocupa, es incuestionable la crítica situación que padecen muchos inmigrantes que conviven con nosotros en situación irregular. Se impone una reflexión sobre el fenómeno migratorio para evitar que miles de personas se vean obligadas a caer en la clandestinidad para poder subsistir. Sin embargo, la empatía ante este drama no puede traducirse en la inaplicación de la ley ni en la tolerancia ante los desmanes callejeros que se vivieron este martes en Salou. Sólo el imperio de la ley garantiza los derechos y las libertades de todos.

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