Mas debería dar marcha atrás

Si los líderes del nacionalismo catalán actuasen de buena fe, habrían de reconocer que no es posible defender internacionalmente la independencia de Cataluña –la existencia de una Cataluña libre depende, como es obvio, de que los demás actores globales la reconozcan– con el pobre saldo de un 47% en una consulta electoral ‘plebiscitaria’. Patxo Unxueta recordaba que Stéphane Dion, actualmente líder del Partido Liberal del Canadá, recogía en su libro de 1999 La política de la claridad. Discursos y escritos sobre la unidad canadiense que en los 13 casos de acceso a la independencia por referéndum fuera del ámbito colonial desde 1945, la mayoría obtenida fue en promedio del 92%.

El camino emprendido por el nacionalismo catalán, que consiste en intentar doblegar mediante la presión política y social la legalidad de un Estado impecablemente democrático que, como es natural, no tiene constitucionalmente prevista la posibilidad de la secesión, era muy difícil de recorrer en todo caso, incluso si el independentismo conseguía transmitir la sensación de ser mayoritario. Porque puede afirmarse sin temor a errar que ningún gobierno consentiría en ningún caso que las instituciones catalanas emprendieran una deriva rupturista sin intervenir, utilizando los medios que la legalidad pone en su mano, para detener la aventura.

Pero la dificultad se vuelve sencillamente insuperable si este intento se realiza partiendo de la constatación de una mayoría insuficiente, que ni siquiera alcanza la mayoría absoluta. En estas circunstancias, lo más sensato es reconocer que el plebiscito ha fracasado, como ha hecho por cierto la CUP, renunciar al planteamiento independentista y abrir otras vías para lograr al menos los principales objetivos que se pretendían (más autonomía política, mejor financiación, etc.).

No hacerlo así e insistir en el desarrollo de la imposible ‘hoja de ruta’ es emprender un rumbo fácil de adivinar: este gobierno y el siguiente –en tres meses habrá un nuevo ejecutivo– frustrarán los pasos que el ejecutivo catalán decida dar en la dirección separatista. Sin que se pueda descartar que, de persistir la obstinación, los recursos judiciales desemboquen en medidas más radicales, como las que podrían desprenderse del artículo 155 CE. En otras palabras, la pertinacia en sacar adelante unas metas impracticables mantendrá a Cataluña en una zozobra interminable, en un marco de gestión deficiente de lo público y en un clima de gran melancolía, en que pueden incrementarse peligrosamente las divisiones sociales internas que ya son un hecho.

Se equivocarían Mas y compañía si pensaran que esta situación degradada podría crispar aún más los ánimos y generar nuevas conversiones al independentismo: la tensión soberanista ha reducido los apoyos electorales de CDC y de ERC desde 2012, y no parece probable que la persistencia en un fanatismo manifiestamente minoritario pueda acrecer el respaldo social, sino más bien al contrario. Y en todo caso, el mantenimiento indefinido de esta pugna, que acabará repercutiendo en el desarrollo y en el bienestar de los catalanes y que ahondará la brecha ya formada entre los dos sectores que se ubican a uno y otro lado de la raya, no va precisamente en la dirección del bien general.

En definitiva, lo sensato sería que Artur Mas, ubicado al frente del ‘proceso’, reconociera que no se dan en Cataluña las condiciones para la independencia, por lo que, tras renunciar a continuar a las bravas por la senda montaraz e irregular que ha emprendido, habría que buscar una fórmula más modesta de ‘normalidad’, basada en la reforma constitucional que ofrecen varios partidos y aplazar las reivindicaciones máximas hasta mejor ocasión, en un futuro indeterminado.