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De las disposiciones del proyecto de Ley de Memoria Democrática destacan la persecución de la apología del franquismo, la resignificación del Valle de los Caídos, el mapa de fosas, el banco de ADN y una sala de la Fiscalía del Supremo para castigar las violaciones de derechos humanos en el franquismo.
Esta última puede chocar con la Ley de Amnistía aprobada por consenso en 1977 que, como escribió El País, «no fue una fórmula de los herederos del franquismo para protegerse. Su objetivo era liberar a todos los opositores a la dictadura que aún quedaban en la cárcel o en el exilio». Por eso fue apoyada por UCD, PSOE, PCE y la Minoría Vasco-Catalana. Solo AP se abstuvo.
Se puede exigir su superación, pero la Memoria Democrática no debe perder la memoria.
