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Mucho más que unas pensiones

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El futuro del sistema público de pensiones emerge de vez en cuando, casi siempre con trasfondo de incertidumbre y por tanto inquietud. La sienten los ya integrados en el sistema, con el recurrente temor de que las que reciben sigan perdiendo poder adquisitivo, pero sobre todo quienes albergan motivos para dudar que algún día lleguen a percibirlas en cuantía suficiente para sobrevivir de forma digna al término de su vida laboral. La preocupación es legítima y está fundada, pero no hay debate serio ni propuestas realistas que valorar. Antes bien, abundan la demagogia y el despropósito, tiñendo de ropaje ideológico lo que en gran medida constituye una evidencia empírica, resultado de combinar demografía, matemáticas y sentido común. Las elecciones suelen ser escenario propicio para resucitar el tema, aunque los partidos, conscientes de la realidad, tienden a evitar meterse en líos que puedan comprometer.

Siendo realistas, es casi imposible imaginar un futuro en que el Estado deje de atender las prestaciones de jubilación. Entre otras razones, y probablemente sobre todo, porque el porcentaje de población por encima de los 65-70 años no va a dejar de crecer: ronda los 10 millones de personas en el momento actual. No evita, sin embargo, que los dirigentes políticos utilicen como recíproca arma arrojadiza una hipotética quiebra del sistema, aunque sin el acompañamiento de propuestas consistentes para evitarla. En realidad, hasta el concepto mismo tiene bastante de torticero, porque un desequilibrio entre ingresos y gastos siempre podrá cubrirse –se acabará cubriendo- con aportaciones del presupuesto, con lo que, en última instancia, el problema devendrá trasladado al conjunto del gasto público, incidiendo en consecuencia sobre otras partidas y el grado de presión fiscal.

La discusión de fondo, que la mayoría evita, debería discurrir por al menos dos parámetros: determinar qué esfuerzo contributivo quiere y puede hacer la sociedad para con sus mayores, y qué cambios debe incorporar el modelo, sobre la base de las transformaciones socioeconómicas acaecidas desde que se diseñó.

Se suele olvidar que, tal como está construido, el sistema público vigente impone que los activos de cada momento sufraguen las prestaciones de los ya inactivos por imperativo de edad. Nada que ver con conceptos de ahorro acumulado, como algunos siguen pretendiendo cuando correlacionan las cuotas pagadas durante su vida activa y lo que ahora reciben como pensión. Tampoco se tiene en cuenta que durante las últimas cuatro décadas la esperanza de vida ha evolucionado de forma que el período medio de percepción se ha multiplicado por más de tres. Ni que el crecimiento de los salarios ha hecho aumentar de forma notable la cuantía media de la prestación.

Pugnas políticas aparte –desde el Pacto de Toledo, el consenso no ha vuelto a aparecer-, lo cierto es que, disfrazadas más o menos, presentadas mal o peor, las decisiones adoptadas en los últimos años han buscado limitar o posponer el acceso a la pensión y reducir de distintas formas el importe a percibir. Algunas ni siquiera han surtido efecto, con el caso destacado del anticipo de la jubilación. Así, la edad media real de retiro sigue anclada en torno a los 61 años, frente a los 65 fijados legalmente, camino de subir hasta los 67 según la última reforma introducida por el gobierno anterior.

Es notorio que la jubilación anticipada ha sido uno de los instrumentos básicos con que las empresas han aligerado la dimensión y el coste de sus plantillas. Y, entre quien más lo ha hecho, destaca la propia administración. Dejando aparte otras consideraciones, ha supuesto una amplia transferencia de costes a la Seguridad Social, lastrando unas cuentas ya muy castigadas, tanto por imperativo demográfico –pirámide de edad-, como por una caída acusada del empleo y por tanto el número de cotizantes.

También se ha jugado –y se juega- con la simple contabilidad. Ocurre con el tan aireado y manipulado Fondo de Reserva, del que el actual Ejecutivo ha echado mano para cubrir sucesivos desfases entre recaudación y gastos, al punto de reducirlo a prácticamente la mitad. Algo que ha sido duramente criticado desde la oposición, bien es verdad que sin plantear alternativa para nutrir los fondos necesarios para poder pagar. Lo que no se dice es que el Fondo está invertido en su totalidad en efectos del Tesoro, es decir deuda pública estatal.

Con todo, quizás lo más lamentable es que el verdadero y riguroso debate que hace falta siga camuflado bajo la caduca contraposición entre sistema público y planes privados. Mejor sería asumir que ambos son necesarios, buscando la forma de articular la coexistencia que mejor contribuya a lo que de verdad importa: asegurar una supervivencia digna a quienes rebasan la edad que se convenga oportuno fijar como final de la plena actividad laboral.

El debate podría, debería ir incluso más allá. Más oportuno sería replantear el escenario vital que el conjunto de la sociedad ofrece a quienes alcanzan ese estadio, no sólo en materia de prestación económica, sino comprendiendo aspectos tan sustanciales como la salud, el grado de actividad y el rol social, acaso con más margen para la libre elección individual y menos presunción generalizadora de lo que cada cual debe hacer con su vida… hasta el asegurado punto final. No en vano, la media de supervivencia de quienes rebasan los 65 años ronda ahora mismo las dos décadas: ¿demasiado tiempo para verse obligado a no poder decidir qué hacer y cómo vivir?

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