Municipios congelados antes de tiempo

El anuncio de la congelación de los impuestos y tasas locales por parte de los mismos ayuntamientos se podría calificar cuanto me-nos de acto de propaganda

08 noviembre 2020 12:50 | Actualizado a 08 noviembre 2020 16:22
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La mayoría de ayuntamientos de la provincia de Tarragona están anunciando a bombo y platillo la congelación de los impuestos y tasas del año que viene, como muestra de apoyo hacia los contribuyentes en unos momentos de graves dificultades económicas. Ciertamente, la congelación de los tributos siempre suele ser bien recibida por la ciudadanía, resignada a las sucesivas subidas anuales que se aprueban para sostener el incremento del gasto público. No obstante, en plena segunda ola del coronavirus, no parece que esta sea la mejor decisión que los gobiernos municipales pueden adoptar en materia de tributos locales.

Y es que, a la vista de los demoledores datos económicos y las alarmantes declaraciones de todas las organizaciones y sectores de actividad del territorio, es más que evidente que nos encontramos en un contexto de grave crisis económica para la mayoría de empresas y trabajadores, que temen no poder mantener sus actividades ni preservar los puestos de trabajo. Ante este escenario, los ayuntamientos no se pueden limitar a mantener la política fiscal que acordaron antes de la pandemia y esperar que la no subida de impuestos sea suficiente para recuperar la normalidad.

Además, y como pudimos leer en este mismo periódico el 23 de noviembre de 2019, resulta que siete de los diez principales ayuntamientos de la provincia de Tarragona subieron tasas e impuestos el año 2020, ya que los principales gobiernos locales surgidos tras las elecciones del 26 de mayo de 2019 decidieron de forma generalizada incrementar sus ingresos tributarios, por otra parte, práctica habitual al inicio de cada nuevo mandato de cuatro años. No podemos olvidar el caso del Ayuntamiento de Reus, con el dudoso honor de tener en 2020 el tipo impositivo más alto del IBI de todos los municipios del Estado con una población superior a los 50.000 habitantes, ni tampoco el de la Diputación de Tarragona y su (voluntario) recargo del IAE del 31,5% sobre todas las actividades económicas de la provincia. Por consiguiente, el anuncio ahora de la congelación de los impuestos y tasas locales por parte de los mismos ayuntamientos, como medida de contención ante la gravedad de la situación económica, se podría calificar cuanto menos de acto de propaganda. Seguir pagando en 2021 las subidas generalizadas de tributos locales acordadas para 2020, cuando el escenario económico es otro bien distinto, es una obligación excesivamente lesiva y contraproducente para una ciudadanía que en estos momentos necesita de ayudas y estímulos para seguir adelante.

Cabe recordar que la potestad de definir el nivel de imposición local recae en última instancia en los ayuntamientos, no sólo porque pueden decidir qué tributos exigen y cuáles serán los porcentajes de los tipos impositivos que determinarán las cuotas que los contribuyentes acabarán pagando, sino porqué además pueden acordar las clases e importes de las bonificaciones potestativas que pueden aplicar en todos los tributos municipales, con el objetivo de reducir la carga tributaria en determinados casos y sujetos, especialmente a los autónomos y las empresas. En este sentido, citar como ejemplo las bonificaciones previstas en el IBI y el IAE por el hecho de tener rendimientos negativos o para fomentar la ocupación.

Es necesario que los ayuntamientos y la Diputación adopten cuanto antes las medidas fiscales y económicas que estén en sus manos, las cuales, junto a las adoptadas por el Estado y la Generalitat, ayuden de forma efectiva a los ciudadanos y las empresas a superar esta crisis, y que los daños del Covid-19 en la vida y economía de los municipios sean lo menos duraderos y perjudiciales posibles. La actual crisis también es de consumo, y serán eficaces aquellas medidas que permitan mantener o aumentar la capacidad de gasto de los ciudadanos, ya sea mediante créditos o ayudas directas, pero también reduciendo sus obligaciones de pago, entre las cuales, las tributarias.

La excepcionalidad de la situación requiere de medidas excepcionales, y los gobiernos locales deberían realizar el esfuerzo de contener sus ingresos tributarios, mediante los consensos políticos que sean necesarios, de modo que los ciudadanos sientan que sus ayuntamientos, la administración más cercana, están verdaderamente a su lado y hacen todo lo posible para revertir los perniciosos efectos económicos de esta pandemia.

Aún no ha llegado el invierno, pero con tantos anuncios de congelación de los tributos locales para el año que viene, sin ir acompañados de otras medidas que permitan reactivar la actividad económica y aligerar un poco los bolsillos de los contribuyentes, las que terminarán congeladas antes de hora serán las economías de los municipios, haciendo aún más difícil su recuperación.

Benjamí Anglés es también vicedecano de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

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