Normalidad democrática

El vicepresidente segundo del Gobierno ha dicho que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España». Iglesias pronunció esta frase tras ser preguntado por las declaraciones de Lavrov, ministro de Exteriores ruso, acerca de los presos independentistas catalanes. Sus palabras coincidan con los últimos coletazos de un caso paradigmático, un caso que da buena cuenta de la escasa calidad democrática de un estado que, en lugar de perseguir a ciudadanos corruptos –pienso en el enésimo espectáculo de pirotecnia a cuenta de la ‘caja B’ del PP; o en Paco Sanz, el estafador de los dos mil tumores, que tampoco pisará la cárcel–, se dedica a censurar artistas: hace pocos días la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión del rapero Pablo Hásel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona.

Pese a todo, y tras un mal año para la libertad de expresión en España –el año del ‘decretazo digital’, de la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la condena a la revista Mongolia por un fotomontaje de Ortega Cano o de las múltiples agresiones a periodistas por parte de la policía–, me gustaría quedarme con la posibilidad, por remota que sea, de que esta tendencia revierta en 2021. Ayer el Gobierno anunció su intención de eliminar la pena de cárcel para los delitos de expresión similares al de Hásel. Con un poco de suerte, la restitución de la normalidad democrática dejará de importar solo en campaña.