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No hay semana que pase que no nos lleguen noticias alarmantes relacionadas con los okupas.
Si en junio uno de los casos que más llamó la atención fue el de una señora de 62 años de Vic a la que la habían usurpado su primera y única vivienda mientras trabajaba como sanitaria, la última semana hemos conocido tres casos, uno en Pallejà donde los propietarios de una vivienda, amigos y familiares llevan dos días enfrentándose a las personas que han entrado ilegalmente en la casa, otro en Sant Joan de Vilatorrada donde un grupo de vecinos han tapiado un piso donde había okupas conflictivos y el último ayer mismo en El Montmell.
Un grupo de vecinos que desde hace semanas se movilizan para intentar evitar okupaciones ilegales en las urbanizaciones del Mirador y de Mas Mateu estuvo a punto de ser atropellado el martes por un vehículo cuyos ocupantes querían acceder a una vivienda.
El asunto se está convirtiendo en un problema serio y los ciudadanos no pueden verse obligados a actuar con sus inmuebles como agentes subsidiarios de los poderes públicos, que son los únicos responsables de garantizar el derecho a la vivienda.
La protección legal contra los desahucios abusivos no puede ser el paraguas que cubra actuaciones que, ni remotamente, tienen nada que ver con lo que pretendía el legislador.
