Otoño electoral

Por fin! Después de un tira y afloja agotador, el presidente de la Generalitat de Cataluña y el líder de Esquerra Republicana han llegado a un acuerdo. En otoño, los catalanes irán a las urnas. Esta vez, dispuestas conforme a la legalidad. Ni receptáculos de cartón, ni maniobras participativas, ni papeletas indescifrables. Se celebrarán unas nuevas elecciones autonómicas, revestidas de carácter plebiscitario que, para bien o para mal, contabilizarán cuantos ciudadanos quieren o rechazan la independencia.

A los gestores del Gobierno autonómico les aguardan 36 semanas de febril actividad. Como pondrán toda la carne en el asador para vertebrar «estructuras de Estado», está por ver cuanto tiempo y energías dedicarán a los asuntos cotidianos. Los que afectan al día a día del ciudadano.

Treinta y seis semanas cruzadas por los rayos y truenos que resuenen en la comisión parlamentaria que analizará los casos de corrupción en las instituciones de autogobierno y en sus aledaños. Un tiempo que permitirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determinar si el presidente Artur Mas y dos de sus consejeras cometieron delito de desobediencia grave al celebrar, contra viento y marea, el amago de consulta del 9 de noviembre. En caso afirmativo, Mas dispondría para sus fieles de una aureola de mártir.

El Parlamento de Cataluña no pudo convocara un referéndum, como el de Escocia, una vez que el Parlamento de Westminster hubo delegado esa competencia a la Cámara de Holyrood. Pero, el amago de consulta del 9-N arrojó un saldo a título orientativo. Un millón ochocientas mil personas apostaron por una Cataluña con Estado propio. La mayoría se abstuvo.

Ahora, las terceras elecciones autonómicas celebradas en cinco años se dibujan como un nuevo reto para los ciudadanos. Tendrán que escuchar una propaganda mil veces repetida, comentarios políticos adversos, amistosas o ásperas conversaciones familiares. Pero los síntomas de agotamiento social requerían una intervención determinante. Había que actuar. O se celebraba una nueva consulta cuanto antes, o la cuestión se dejaba para la votación autonómica, prevista para finales de 2016.

Lo que no cabía era soslayar el problema. Según la mayoría de las encuestas, el 90% de los electores tiene claro que el encaje de Cataluña en España exige un pronunciamiento en las urnas. En el sentido que sea. Descartada cualquier pregunta similar a la que pactaron David Cameron y Alex Salmond, «¿Debería Escocia ser un país independiente?», la cuestión se dirimirá el 27 de septiembre.

Ese día no se votará ‘sí’ o ‘no’ a la independencia. Las papeletas depositadas medirán los apoyos con que cuenta cada formación política. Si la suma de los votos a los partidos soberanistas consigue mayoría, o si las papeletas que opten por tal o cual programa social y económico, que no es poco, se imponen.