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Opinion EDITORIAL

Otro varapalo al prestigio de la Justicia

La marcha atrás en la sentencia del impuesto de las hipotecas supone un golpe a la imagen de imparcialidad judicial

Diari de Tarragona

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Los bancos siguen a la baja en la bolsa por la sentencia de las hipotecas. JAVIER LIZÓN (EFE)

Los bancos siguen a la baja en la bolsa por la sentencia de las hipotecas. JAVIER LIZÓN (EFE)

El crédito de la Justicia española acaba de recibir otro disparo de sus propias armas, pero esta vez no ha sido en el pie sino en algún órgano vital. La decisión del Supremo de dar marcha atrás en 24 horas a la sentencia que establece que son los bancos a quienes corresponde abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, hace crecer las dudas sobre la independencia de la judicatura, sobre todo al escuchar los argumentos que justifican este giro sobre el fallo: «la enorme trascendencia social que implicaría su aplicación». ¿Acaso no ha tenido trascendencia social sentencias como la de la Manada? ¿No hay trascendencia social en las decisiones que mantienen en prisión a los políticos catalanes? Resulta muy difícil no interpretar que la «transcendencia social» tiene distintas varas de medir en función de la capacidad de influencia de los afectados. El fallo del Supremo supone, ciertamente, una importante suma de millones de euros que sólo en Tarragona beneficiaría a 25.702 ciudadanos que suscribieron una hipoteca en su día y todavía están dentro del plazo de prescripción. En Catalunya la cifra de hipotecas en vilo es de 235.223 lo que significa un montante de más de dos millones de euros que deberían devolverse al contribuyente. El Tribunal Supremo se ha dado hasta el próximo día 5 de noviembre de plazo para resolver la polémica sentencia congelada. La responsabilidad recaerá sobre el pleno de la sala III de lo Contencioso-Administrativo El Supremo ya ha cambiado de opinión tres veces en lo que va de año sobre quién tiene que pagar este impuesto. En febrero dijo que eran los clientes. El jueves sentenció lo contrario y tan solo un día después anunció que será el pleno de la sala III de lo Contencioso-Administrativo quien dilucidará la cuestión. Entre tanto reina el desconcierto entre los ciudadanos, en las notarías y en los bancos que también han sido los primeros en recibir el batacazo bursátil ante tal medida. Pero quien ha recibido un perjuicio difícilmente recuperable es la Justicia que no tiene pinta de ser igual para todos.

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