Patatas calientes

Uno de los factores que explican el día a día de nuestra actualidad, en una época caracterizada por una preocupante mediocridad institucional, es la habilidad que han desarrollado los profesionales de la política para pasarse patatas calientes unos a otros sin que se les caiga la cara de vergüenza. Este fenómeno se produce incluso entre miembros de un mismo partido, cuando se encuentran en diferentes escalafones del entramado público, si la supervivencia personal así lo requiere. De hecho, no hay posición que un dirigente actual busque con más ahínco que aquella en que puede atribuir a otros las medidas impopulares, arrogándose los éxitos y desentendiéndose de los fracasos.

Como he comentado en alguna ocasión en estas mismas páginas, éste es probablemente el motivo por el que Jordi Pujol rechazó en su día el régimen de concierto económico para Catalunya, que fue tachado en los entornos convergentes de antigualla decimonónica. Aunque el sistema foral puede considerarse un privilegio a nivel territorial, también constituye una carga para las autoridades que lo administran, porque les obliga a asumir la incómoda función recaudadora y les impide desembarazarse de los principales marrones, si se me permite la expresión. Si en Euskadi o Navarra algo funciona deficientemente, son sus propias instituciones las que deben sufrir indefectiblemente el reproche social, porque son ellas mismas las que gestionan tanto la financiación como el servicio. Como dijo Franklin D. Roosevelt dos días antes de morir, «un gran poder conlleva una gran responsabilidad».

En los territorios de régimen común pasa exactamente lo contrario. Nadie se hace íntegramente responsable de nada, gracias a un modelo que permite ponerse de perfil sin demasiada dificultad. En efecto, el actual sistema se apoya en un Estado que recauda de forma prioritaria los tributos, y unas comunidades que prestan la mayoría de los servicios públicos. Y con este esquema, siempre existe la posibilidad de echar balones fuera cuando las cosas salen mal: las autoridades autonómicas culpan al Estado por infradotarlas económicamente, y el Estado culpa a las comunidades por administrar torpemente los fondos con los que cuentan. Unos por otros, y la casa sin barrer. Y éste es el motivo por el que, en mi opinión, la descentralización política sólo será verdaderamente eficaz cuando venga acompañada de una verdadera descentralización fiscal. En efecto, con un régimen competencial centrífugo como el actual, el concierto económico debería ser la norma, no la excepción, con una fórmula de cálculo solidaria, razonable y sostenible.

La ciudadanía no les reprochará las restricciones porque jamás se aplicarán, y si la evolución de la epidemia es negativa, siempre podrán objetar que intentaron preve-nir este drama, pero el Estado y los jueces lo impidieron

En cualquier caso, CiU logró unos envidiables éxitos electorales apoyándose precisamente en este juego del despeje, la automedalla y el reproche: el Estado cargaba pesadamente con el rol de malvado recaudador de impuestos, un engrasado aparato de propaganda adjudicaba sistemáticamente todos los aciertos a la fabulosa gestión de la Generalitat, y cuando algo se torcía era mecánicamente atribuido a la deficiente financiación autonómica o al corsé constitucional. Eso sí que era una jugada maestra y no lo de ahora. Hemos visto esporádicamente reproducida esta misma estrategia por parte de los socialistas andaluces durante los gobiernos de Aznar, o también de los barones populares durante las legislaturas de izquierda. En el caso catalán, esta dinámica, tan obvia como peligrosa y cuestionable, proporcionó excelentes réditos en las urnas hasta que el propio descontento consustancial al modelo alcanzó cotas insostenibles, obligando a Artur Mas a lanzarse a un improvisado viaje sin rumbo, sin mapa y sin combustible. Y así hemos llegado donde estamos.

La gestión de la pandemia que sufrimos desde hace más de un año también ha mostrado estos perfiles a lo largo de sus diferentes fases. Nadie ha querido aparecer como el responsable último de las medidas impopulares, pero cuando los datos han sido positivos, todos han corrido a ponerse la medalla, y cuando han sido negativos, nadie ha reconocido ser el padre de la criatura. El descaro con el que se desarrollan estos juegos del postureo electoralista no ha disminuido con el paso del tiempo, sino todo lo contrario.

La última polémica vinculada a esta dinámica tiene como centro del debate el fin del estado de alarma, previsto para el próximo 9 de mayo, si un cataclismo sanitario no obliga a plantear una nueva prórroga. El gobierno central sostiene que las condiciones actuales no tienen nada que ver con las circunstancias que propiciaron esta medida excepcional, mientras las comunidades autónomas advierten de que el retorno al régimen ordinario les privará del soporte legal necesario para implementar las medidas que se han demostrado necesarias para combatir la expansión del virus, y que frecuentemente conllevan restricciones en el ejercicio de libertades fundamentales.

Lo que va a suceder a partir de mediados de mayo se ve a la legua. Desde la perspectiva de las medidas, serán muchos los gobiernos autonómicos que aprobarán duras limitaciones, sabiendo que los tribunales las tumbarán, con el único objetivo de cubrirse las espaldas: la ciudadanía no les reprochará las restricciones porque jamás se aplicarán, y si la evolución de la epidemia es negativa, siempre podrán objetar que intentaron prevenir este drama, pero el Estado y los jueces lo impidieron. Y desde la óptica de los resultados, si las cifras sanitarias son aceptables, el gobierno central celebrará su acierto al cambiar de fase, mientras las comunidades defenderán que el éxito se habrá debido a la descentralización de la gestión. Y si los contagios se disparan, la Moncloa atribuirá el desastre a la pésima administración de la crisis por parte de las autonomías, mientras éstas culparán al ejecutivo por haber levantado el estado de alarma prematuramente. El juego de las patatas calientes. Son tan previsibles…