Patrimonio de todos

Que dice la secretaria general del partido en el Gobierno que la corrupción no es privativa de tal o cual partido (y por descontado, tampoco del suyo), ni siquiera de los políticos, sino que se trata de una carencia moral colectiva que acampa en nuestra sociedad y que como tal ha de ser considerada ‘patrimonio de todos’. No puede dejar de reconocerse que una corrupción tan extendida (rehuyamos el adjetivo ‘generalizada’) como la que hemos sufrido es difícilmente explicable sin un sustrato social que predispone a la gente a hacer trampa y, lo que es peor, a contar con que el tramposo será tratado con la lenidad que corresponde a las travesuras, en lugar de verse escarmentado con la severidad que toca a los delitos.

Todos podríamos poner decenas de ejemplos de esa trapacería de alta o baja intensidad en la que incurren cotidianamente muchos conciudadanos: desde dejar de pedir factura para ahorrarse el IVA, hasta fingir o exagerar enfermedades para disfrutar de bajas médicas, pasando por los robos de folios en las oficinas, los fraudes a los seguros, o los amaños (vulgo: falsificaciones) en los documentos que se acompañan a las solicitudes de bienes disputados (por ejemplo, plazas escolares) para salir mejor puntuados. Esto no es discutible y tampoco lo es que conductas como las descritas, relativamente normalizadas entre nosotros, hasta el punto de que puede suceder (doy fe, en primera persona) que te consideren estúpido por no practicarlas, constituyen un síntoma alarmante de nuestras pobres hechuras como sociedad, y la expresión funesta de una de las peores rémoras para el progreso, que nunca se cimentará sobre la trampa y el ventajismo sino sobre el esfuerzo honrado, industrioso y solidario.

Ahora bien, lo que resulta inoportuno, por no decir alucinante, es que ese diagnóstico lo haga, con fines autoexculpatorios, quien ostenta responsabilidades públicas, entre las que se cuentan erradicar esa clase de comportamientos; máxime cuando muchos compañeros de filas resultan convictos de haber llevado la sinvergonzonería al corazón de las instituciones y a la administración del presupuesto. Es posible que la falta de escrúpulos, en un sentido genérico, sea patrimonio común de buena parte de los españoles, pero su ejercicio prevaricador, con desprecio del mandato recibido y devastación de la cosa pública, es privativo de quienes se presentan a las elecciones prometiendo lo que no han de cumplir. Y entre éstos, es más privativo de quienes ostentan gobiernos, y desde ellos toman decisiones contra los ciudadanos y a favor propio. Haga cada cual el inventario que le toca, y que cada palo aguante su vela de la vergüenza.