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Poder ejecutivo y judicial

El poder judicial debe mantener sus protestas sobre las supuestas presiones

Pedro Clúa

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Este mes de octubre, al parecer, hemos podido visualizar una de las más clásicas luchas de poderes, que constituyen la esencia del llamado estado democrático de derecho. Casi era imposible para el ciudadano que encendía su televisión, para distraerse un rato, el no ver alguna de las imágenes de la representación de la lucha entre el poder ejecutivo y el poder judicial en Catalunya. Naturalmente, la cuestión estaba en las formas, que son tan importantes como el fondo, aunque no dan tantas victorias, a pesar de todo. Por parte del poder ejecutivo, se pretendía disfrazar de soporte popular aquello que no era otra cosa que movilizaciones organizadas desde el propio ejecutivo. Y por parte del poder judicial, se pretendía analizar dichas manifestaciones ante los Tribunales como intentos de presionar a los Jueces en su trabajo y en sus resoluciones posteriores.

A nivel personal, después de más de treinta años de ejercicio de la abogacía y de visitar Juzgados y Audiencias o Tribunales Superiores, no tengo ninguna duda de que el Juzgador, en su labor de estudio y reflexión, no deja intimidarse por la organización en la calle de reclamaciones o protestas, aunque vayan con pancartas o banderas. Y tampoco tengo ninguna duda de que por parte del poder ejecutivo se llegue a pensar que podrá realizarse presión o fuerza desde manifestaciones en la calle, con un resultado más favorable en las resoluciones judiciales.

Y en este punto, dentro de un planteamiento lógico, surge la duda razonable de preguntarse el porqué se realizan las manifestaciones populares, avaladas y con participación del poder ejecutivo; y el porqué se realizan comunicados de protesta desde el poder judicial contra tales pretendidas presiones en su labor y trabajo ordinario. Sinceramente, no se me ocurre otra conclusión que pensar que todo ello forma parte de una especie de protocolo y de actos formales, cuya finalidad esencial no es otra que la de tener satisfechos a sus respectivos seguidores.

El ejecutivo debe complacer a todos aquellos que, después, le devolverán su agradecimiento con votos en las urnas. Y el judicial debe mantener sus protestas formales sobre las pretendidas presiones, para aparentar las dificultades de su trabajo ordinario y dar la garantía de su independencia ante la opinión pública, a la vez que mantener su prestigio institucional.

Un guión previamente escrito, que beneficia a ambas partes, con una apariencia formal de lucha entre contendientes, con intereses finales diversos. Y el espectador, que somos todos, queda contento y satisfecho de la obra, así como del precio pagado por la representación ofrecida; y el asesor de imagen y el guionista pueden pasar sus facturas por los trabajos realizados.

El único riesgo, en mi opinión, es que haya espectadores que confundan la representación con la realidad y, en su convencimiento y creencia, actúen fuera de los cauces legales e institucionales, con el consiguiente desbordamiento provocado entre todos; así como con los daños colaterales que puedan ocasionarse.

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