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Política económica para ir tirando

Si de algo adolece la política económica del Gobierno es de contundencia reformadora
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Es tan humano como peligroso confundir deseos con realidad. Lo mejor para evitarlo suele requerir una mezcla de prudencia y humildad. Lo contrario de precipitación y jactancia, con o sin manipulación del dato parcial. Estos días, el Gobierno trata de convencer de que la crisis ha concluido, en gran medida gracias a su política económica de los tres últimos años. Pero existen no pocas dudas.

Que haya llegado el final de la crisis requiere enormes dosis de fe. No porque la situación no haya mejorado –lo avalan datos-, sino porque persisten muchas incertidumbres, internas y externas, y millones de ciudadanos lo siguen pasando mal, sin pronóstico de pasarlo mejor. Aunque no sea cuestión exclusiva de España, más que haber neutralizado las causas de la crisis, los gobernantes confían en que no vuelva a pasar. Lo dicho: cuestión de fe.

Analizar el desempeño económico del Ejecutivo ofrece más certezas. Sin duda, le ha tocado una situación particularmente difícil, pero afrontarla no sólo era un compromiso electoral, sino su principal obligación. Por eso resultó llamativa la ausencia de un vicepresidente económico y la configuración de una especie de troika –palabra maldita-, entre Hacienda (Montoro), Economía (Guindos) y Oficina de Presidencia (Nadal). Como muchos anticiparon, el experimento ha acarreado nuestras de descoordinación, dificultad de interlocución –quejas desde Bruselas- y falta de percepción de una política articulada y consistente. Justo lo opuesto a la claridad de expectativas, confianza y certidumbre que los agentes económicos precisan.

Los tres años de desempeño del Ejecutivo han aportado de todo, bueno y malo, pero el balance es poco brillante en haber abordado y resuelto, tanto las causas que condujeron al desastre, como los problemas estructurales que dificultan que el futuro discurra mejor. En lo específicamente económico, las urgencias van desde corregir la escasa productividad y el deficiente funcionamiento del empleo, a eliminar distorsiones en determinados mercados y racionalizar un sector público poco eficiente. Con una conclusión bastante diáfana: la mayoría de lo importante está por resolver.

La principal jactancia gubernamental es haber evitado un rescate similar a los de Grecia, Irlanda y Portugal. ¿Mérito estratégico del Gobierno? ¿O convicción europea de que la fórmula había fracasado y era inviable para una economía de las dimensiones de España, junto al riesgo de que Italia fuera detrás? Por no mencionar la intervención del presidente del Banco Central, Mario Draghi, tras la que las primas de riesgo de las deudas periféricas, no sólo la española, no han dejado de retroceder. Algo de rescate tuvo apuntalar el sistema financiero, con altos costes para el contribuyente y sin claras contrapartidas en términos de control, exigencia de responsabilidades y regulación. Afirmar que la estrategia española ha salvado el euro y asombrado a Europa se comenta por sí solo.

En vez de liderar e impulsar un modelo de país renovado, han elegido contemporizar

La presunción de ser “el gobierno más reformista de las últimas décadas” resiste mal el contraste con la realidad. Es más lo que se ha dicho que lo que se ha hecho, y lo poco modificado ha discurrido falto de audacia e imaginación, con resultados mediocres e insuficientes para la magnitud de los problemas. La evolución del empleo, aunque positiva, que se presume fruto de la muy aireada reforma laboral, no está siendo demasiado distinta de la registrada en anteriores crisis: reducción de salarios, precarización de los contratos y falta de soluciones efectivas para el paro estructural y la falta de oportunidades de ocupación para los más jóvenes. A lo que cabe añadir la acumulación de sentencias judiciales contrarias a aspectos claves de la reforma, como la nueva regulación de los ERE o la eliminación de la ultractividad de los convenios que acaba de invalidar el Tribunal Supremo.

No merece mejor valoración lo hecho o dejado de hacer en aspectos como la energía, las pensiones, las cuentas públicas, el sistema fiscal o la prometida, pero ni siquiera abordada, reforma de las administraciones, empezando por revisar su inconsistente sistema de financiación. Si de algo adolece la política económica del Gobierno es de contundencia reformadora, probablemente imprescindibles para la envergadura de la situación. Ha sido llamativa la desconsideración hacia las opiniones de los expertos, incluidos los elegidos por el propio Ejecutivo para orientar la reforma fiscal.

Con todo, puede que lo peor haya sido desperdiciar la mayor acumulación de poder –central, autonómico y municipal—desde 1977 para liderar e impulsar un modelo de país renovado, sea porque no lo tienen o por haber elegido una gestión contemporizadora… buscando una supervivencia política que no está nada claro vayan a lograr.

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