Políticos ante la Justicia

La condena en firme de tres meses de prisión para la concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona, Laia Estrada, por el denominado caso Bershka ha puesto nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de los políticos cuando se ven inmersos en procesos judiciales. La legislación no concreta las múltiples casuísticas que se dan al respecto, mientras los partidos siguen con el debate interno sobre cuál debe ser el proceder del responsable público que se ve sometido al dictamen de los tribunales de Justicia. El criterio mayoritario avala que mientras no se produzca una condena en firme debe primar el principio de presunción de inocencia. La lamentable muerte de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha reforzado enormemente este criterio. Partidos como Ciudadanos han llevado en su programa una mayor exigencia y propugnan que todo político debe dejar el cargo si se produce la apertura de juicio oral que le afecte directamente. El caso de Laia Estrada tiene también su propia lectura. La condena es por un caso anterior a su elección como edil y, por tanto, no tiene ninguna relación con su gestión pública. El problema en este caso deriva de la exigencia de responsabilidad que Laia Estrada ha pedido para otros miembros del consistorio, con el alcalde incluido, a los que, sin haber ninguna condena, se les exige la dimisión. No parece de recibo aplicar en la moral pública distintas varas de medir en función de quién sea el afectado.