Políticos contra ciudadanos

No tendría sentido alguno dramatizar nuestra relativa inestabilidad actual, que no ha generado vacío alguno de poder y que entra por completo en las previsiones constitucionales, tanto procesales como de fondo: en las democracias parlamentarias pluripartidistas como la nuestra, con un sistema electoral más o menos proporcional, no es en general infrecuente que haya ocasionales dificultades de formar gobierno. De cualquier modo, tampoco debe ocultarse que la clase política, comisionada de la soberanía popular, tiene la obligación de actuar con racionalidad y altura de miras en la actual coyuntura, tratando de acatar la voluntad manifestada por el electorado.

Ello ha de ser así en todo momento, pero sobre todo cuando, como es el caso, parece claro que el endiablado mapa político emanado de las elecciones del 20-D –cuatro grandes partidos y otras minorías periféricas y estatales– no va a variar demasiado porque responde a una convicción madurada del cuerpo social, que desea precisamente recomponer el sistema de representación con estos mimbres y dejar por lo tanto atrás los anteriores.

Las encuestas no dicen otra cosa. Con alguna excepción, el goteo que sondeos que se va publicando confirma el esquema cuatripartito que no tiene solución posible si no se produce la concordancia activa o pasiva de tres formaciones. El publicado en la prensa estatal este domingo, señalaba que el PP ganaría las elecciones del próximo 26 de junio, en caso de que los pactos fracasen, manteniendo su resultado al igual que el PSOE. Podemos sería sin embargo superado por Ciudadanos, que subiría tres puntos, los mismos que Izquierda Unida. En este sondeo, el 76% de los españoles opinaba que fatalmente habrá que convocar nuevas elecciones mientras que un 19% pensaba que se acabará formando un nuevo Gobierno; de cualquier modo, el 64% de los encuestados cree que lo deseable para el país es que se forme gobierno cuanto antes, por lo que la resistencia a hacerlo se produce contra la voluntad general.

Los sociólogos políticos detectan sin embargo –y así lo afirman en algunas declaraciones– que los cuatro grandes partidos están mirando con el rabillo del ojo, al tiempo que negocian o aparentan hacerlo, las previsiones electorales, con el fin de acomodar sus estrategias a la eventualidad de una nueva consulta. Esta estrategia es corta de miras porque las oscilaciones con respecto a los datos ciertos del 20-D son demasiado reducidos para ser significativos. O, dicho de otro modo, con las variaciones que podrían producirse el 26 de junio no cambiarían las combinaciones posibles, ni la correlación general de fuerzas. Es decir, si se sigue descartando la ‘gran coalición’ de los tres partidos constitucionalistas –y nada ha cambiado al respecto–, seguirá siendo necesaria la complicidad de PSOE, Ciudadanos y Podemos para obtener una salida estable al desgobierno. La esperanza en que PP y C’s puedan formar gobierno existe, y la apunta algún sondeo aislado, pero el consenso demoscópico parece ir por el otro camino.

La situación general del país se está empezando a deteriorar –el Banco de España ha lanzado ya la voz de alarma– sin que el gobierno en funciones esté capacitado para tomar las determinaciones que serían necesarias. Esto empezará pronto a poner nerviosos a los españoles, que ya no tienen un gran concepto de la clase política y que con toda probabilidad lo empeorarán. Así las cosas, es previsible que crezcan el desinterés y la abstención, con la consiguiente pérdida de legitimidad subjetiva del sistema. Flaco favor, en fin, harán los partidos si fuerzan otro ciclo electoral, que podría no ser el último si en algún momento no descendiera de los cielos la cordura.