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Políticos ineptos versus técnicos competentes

Habría que despolitizar completamente las administraciones públicas españolas

José Daniel Vila Robert

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La convocatoria de nuevas elecciones generales, aunque indiscutiblemente constitucional, constituye un monumental fiasco y la puesta de manifiesto de la ineptitud de la clase política. En efecto, ésta no ha estado a la altura para dar adecuada respuesta al mandato de los votantes. Y no se diga que no se ha votado bien, pues el pueblo soberano ha ejercido impecablemente su derecho. Parece recurrirse a la vieja fórmula de culpar al vecino para no reconocer la ineptitud propia.

En la gran casa que es el Estado, integrada por una multiplicidad de personas, conviene no acumular en el mismo saco a los políticos que, aunque sean de turno, pretenden permanecer indefinidamente, con los técnicos o funcionarios de carrera, que aportan la necesaria estabilidad al sistema.

Los políticos provienen de la partitocracia, sin ningún tipo de requerimiento ni exigencia, promocionados por el sistema de la trepa, en tanto en cuanto los funcionarios de carrera, provienen de la meritocracia, accediendo a sus cuerpos o escalas por medio de rigurosas pruebas selectivas, basadas en oposiciones libres y transparentes. Y ahí radica la gran diferencia, todos son servidores del Estado, aunque unos ineptos y los otros competentes.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), cuya creación fue aprobada mediante un Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, con el ambicioso objetivo reformista de acometer un minucioso examen de nuestro sector público en las últimas décadas, reconoce en su Informe (253 páginas) de 21 de junio de 2013, que la Administración y la Función Pública, en los últimos 35 años, han dado un salto de gigante a la excelencia representando, en muchas materias, un modelo a imitar por otros países. Desde la dificultad en que se encuentra nuestro país, se puede afirmar sin reservas que España tiene una buena administración.

El Informe CORA ha constituido un paso muy positivo pero, en mi opinión, no alcanza a emprender un proceso efectivo de reforma administrativa, toda vez que ésta implicaría entre otras cosas, reducir el número de entidades públicas, algunas de dudosa necesidad para nuestro país, reconvertir las carreras funcionariales, suprimir los puestos de asesores de confianza de los altos cargos, eliminar los gastos superfluos y erradicar las malas prácticas de gobierno corporativo de algunos organismos supervisores.

De otra parte, convendría lograr que el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial, funcionen con total independencia del Gobierno y del poder político. En pocas palabras, habría que despolitizar completamente las administraciones públicas españolas.

En la complicada actualidad que nos toca vivir a diario, inmersa en una democracia difícil, es injusto mezclar funcionarios de carrera con políticos oportunistas. Tiene España un funcionariado bien seleccionado y voluntarioso, con algunos ejemplos que apelan casi al heroísmo del sacrificio personal. Personas que en un momento dado han optado por postergar o dejar en suspenso oportunidades profesionales mejores, en favor de una vocación de servicio público que, en la mayoría de los casos, difícilmente se reconoce por la sociedad a la que se sirve.

Hace muy pocos días, concretamente el 12 de marzo de 2016, un medio tan serio como The Economist reconocía los valores de esa burocracia sólida, basada en el principio de la meritocracia, que constituye la vertebración del Estado y el freno principal de politización de la vida pública. Conviene destacar que, en los organismos donde anidan los cargos políticos, la corrupción es infinitamente más elevada que en los puestos gestionados por los funcionarios de carrera.

En resumen, existen dos polos opuestos y distantes de servidores del Estado. Por un lado, el que representan una clase política inepta e incapaz, mediocre y desprestigiada que, en su afán de aferrarse al poder como sea, ha perdido la conexión con la vida real y el respeto a la ciudadanía y, por otro lado, la administración pública institucional, técnica, estable, austera y sacrificada.

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