Por la calle del medio

Una gobernanza adecuada requiere capacidad para identificar y ofrecer aquello que la ciudadanía espera razonablemente del aparato público, así como inteligencia para detectar las amenazas que pueden hacer peligrar este objetivo, y talento para diseñar e implementar medidas que minimicen este riesgo eficazmente. Pero la resolutividad de estas acciones no puede ser incondicionada. Entre otros aspectos, debe tratase de una respuesta proporcionada a las cuestiones que se plantean, sostenible en términos financieros, legítima en el procedimiento de adopción, y lo menos invasiva posible respecto de los derechos individuales colaterales contra los que pueda impactar.

Las sociedades occidentales, conformadas fundamentalmente por una gruesa capa de clases medias, no suelen tener problemas para concitar un acuerdo mayoritario sobre las metas comunes esenciales. De hecho, una enorme proporción de la población coincide a la hora de señalar qué aspectos de la vida colectiva deben conquistarse o preservarse, al margen de la posición ideológica de cada uno: un mercado laboral que permita ganarse la vida a todos los individuos, un modelo que asegure una vejez digna para nuestros mayores, un sistema educativo que favorezca la formación de las nuevas generaciones en términos profesionales y cívicos, una conjunción de circunstancias que permita el correcto desarrollo de la vida familiar, una estructura judicial y policial que garantice la seguridad de la ciudadanía, un diseño preventivo y paliativo que proteja la salud de la población, un esquema de representación que avale la participación y la transparencia en la gestión pública, una normativa que consolide las libertades democráticas fundamentales (expresión, reunión, pensamiento…), etc.

También existe cierta coincidencia a la hora de identificar cuáles son los principales fenómenos que amenazan la consecución de este horizonte: unos sectores productivos con tendencia a la concentración que necesitan cada vez menos mano de obra para generar los mismos bienes y servicios, unos cambios multifactoriales que están provocando la quiebra del sistema de pensiones, una cierta desorientación educativa que pone en tela de juicio la eficacia del propio modelo, una realidad laboral que dificulta la posibilidad de crear y mantener una familia en condiciones razonables, unos retos sanitarios que desmotan la presunta excelencia de nuestro sistema de salud, unas nuevas tendencias en el ámbito de la comunicación que hacen peligrar la veracidad de la información con la que construimos nuestras opiniones, un modelo de elección y organización política que erosiona la credibilidad de los procedimientos participativos, etc.

¿Cómo es posible que una sociedad como la nuestra, donde existe un acuerdo ampliamente mayoritario sobre las expectativas y los riesgos, muestre unos signos tan preocupantes de creciente fractura? Probablemente, al margen de algunos factores emocionales evidentes y sobrealimentados, porque no nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los medios idóneos para contrarrestar todo aquello que pone en peligro los bienes colectivos que todos deseamos.

Las últimas iniciativas emprendidas o anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez hacen pensar que el actual ejecutivo sabe identificar correctamente algunos de los aspectos relevantes de nuestra vida social, así como los principales retos que llevan aparejados en la actualidad: control de la pandemia, acceso a la vivienda, mejora del sistema educativo, consolidación del modelo constitucional, garantía de acceso a una información veraz… Sin embargo, las medidas que se están poniendo encima de la mesa para gestionar estas cuestiones están resultando sumamente controvertidas. Algunas de ellas incluso están siendo analizadas con inquietud desde Bruselas.

Por poner sólo algunos ejemplos, ya se encuentren en fase de implementación o de sondeo, la solución fundamental para combatir el coronavirus ha sido el sistema de prohibiciones más duro del planeta (con efectos económicos devastadores para millones de empresarios, autónomos y trabajadores); para facilitar el alquiler de vivienda, la Moncloa sugiere un modelo de precios controlado (una opción que, según algunos expertos en la materia, puede resultar totalmente contraproducente); para mejorar la calidad de la enseñanza, la ministra Isabel Celaá ha preparado una nueva ley educativa unilateral (que permite pasar de curso al margen de los suspensos obtenidos, y amenaza la supervivencia de los colegios concertados); para renovar el Consejo General Poder Judicial, el ejecutivo anunció un cambio fulminante de la normativa (que reducirá el consenso parlamentario necesario para elegir a sus miembros); para evitar la proliferación de informaciones falsas en internet, ya se están dando los primero pasos hacia una especie de ‘Ministerio de la Verdad’ (un sistema de control gubernativo que PSOE y Podemos consideraron contrario a los derechos fundamentales cuando lo propuso el ejecutivo de Rajoy), etc.

No sé ustedes, pero yo detecto un tono de fondo llamativamente coincidente en todas estas medidas. Y no precisamente positivo. Algunos comienzan a sospechar que a Pedro Sánchez se le están subiendo a la cabeza los extraordinarios poderes que todo gobierno debe arrogarse en momentos de excepción como el actual. Los incondicionales del presidente probablemente consideren que estas dinámicas pueden ser signo de clarividencia, valentía y determinación. Sin embargo, creo que somos cada vez más los que contemplamos con preocupación esta espiral autoritaria, una deriva posiblemente debida a la presión de Podemos, quizás el partido presuntamente asambleario con los tics más cesaristas y despóticos de la Unión Europea.

Si los socialistas desean reconquistar el centro sociológico, ahora que Ciudadanos no es más que una sombra de lo que fue, más les valdría abandonar su actual talante, con tendencia a solucionarlo todo tirando por la calle del medio (prohibiendo, imponiendo, censurando, monopolizando, excluyendo), para adoptar una actitud más dialogante, colaborativa y respetuosa con el pluralismo que caracteriza nuestra realidad política y social. Las borracheras de poder son muy indigestas a medio plazo.

Dánel Arzamendi Balerdi. Colaborador de Opinió del ‘Diari’ desde hace más de una década, ha publicado numerosos artículos en diversos medios, colabora como tertuliano en Onda Cero Tarragona, y es autor de la novela ‘A la luz de la noche’.