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¿Privatizar el Registro Civil?

Los servicios del Registro que se presten en beneficio de un ciudadano en particular es lógico que los pague el interesado

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El proyecto de privatización de los registros civiles que impulsara Ruiz Gallardón en su etapa de ministro de Justicia ha cumplido el período de margen para su entrada en vigor y ha resucitado los recelos y temores que suscitara en día. De momento, el nuevo titular del departamento, Rafael Català, no ha movido ficha, pero los trabajadores por una parte y los ciudadanos por otra han vuelto a poner sobre la mesa sus dudas sobre las ventajas de la reforma. Los trabajadores, como es lógico, temen por sus puestos de trabajo. Los ciudadanos rechazan que la privatización conlleve que un servicio que es gratuito deba, a partir de ahora, pagarse. En este punto conviene recordar la falsa idea de «servicio gratuito» que se tiene sobre de la cosa pública. Ningún servicio es gratuito. O se paga directamente por parte de quien lo usa o se paga a través de los impuestos, pero siempre se acaba pagando. Por lo que respecta a los servicios del Registro Civil, es lógico que todos aquellos asentamientos que son obligatorios de forma universal se paguen entre todos a través de los impuestos. Pero también es lógico y más justo que los servicios del Registro que son voluntarios y benefician a unas personas conectas, los paguen estas personas, como podría ser el caso de una boda. Así pues, antes de demonizar la privatización de los Registros, convendrá saber el detalle de su alcance y asegurarse que los cambios supongan un avance para la comunidad y no otro paso atrás.

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