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Qué hay tras la indignación ante los vaivenes del Supremo

Descontento. Lo que subyace tras el cabreo es deconfianza sobre nuestro sistema: leyes anticuadas, oficinas judiciales saturadas y, por encima de todo, la impresión de dependencia del poder político y económico

Javier Pons

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El Tribunal Supremo ha sido el gran protagonista del último mes tras el deplorable espectáculo ofrecido cambiando de postura jurídica respecto al polémico asunto de los gastos hipotecarios. En frío ya y con el poder ejecutivo habiendo tomado cartas en el asunto de una manera fulminante quizás sea el momento de una doble reflexión.

La primera sería qué hay de fondo en el profundo descontento de la sociedad con la justicia. Evidentemente un asunto que afecta directamente a los ahorros de las familias es algo relevante como para provocar la ola de indignación suscitada. Pero lo que subyace tras el cabreo es una desconfianza sobre nuestros organismos de justicia: leyes anticuadas, oficinas judiciales saturadas (véanse las huelgas de estos días) y, por encima de todo, la impresión de que un poder que debería ser un servicio público intachable y necesariamente independiente, no deja de manifestarse una y otra vez como una terminal de los poderes políticos y económicos del país.

Una herramienta fundamental como la justicia que debe actuar como contrapeso del poder político, no puede ser objeto de una obscena representación como la protagonizada por los dos principales partidos pactando el nombre del profesional que ocupará un puesto que supuestamente debía ser decidido por elección de los vocales.

Hasta cuándo nuestros políticos van a considerar que somos una sociedad menor de edad a la que hay que tutelar porque somos incapaces de marcar las normas de cómo queremos evolucionar. Este chalaneo sobre cuántos representantes progresistas o conservadores conformarán tales o cuales asientos en el poder judicial es sólo una parte más de este engranaje en el que vemos usurpados nuestros derechos.

Qué tenemos que esperar para elegir a nuestros representantes directamente en todos los estadios de la administración. Todos los partidos y especialmente los de la «nueva política» han prometido en un momento u otro reformar la ley electoral para que podamos elegir directamente a sus representantes. Deberíamos poder elegir a nuestros jueces y que esta elección se realizara en función de sus méritos y no de su afiliación. Así podríamos dejar de tener la impresión de que constantemente estamos en manos  de otros factores que no controlamos y que manejan aspectos importantes de nuestras vidas.

El problema no es que el presidente de la sala tercera tire para atrás una decisión de su tribunal sino que todos sospechamos porqué lo ha hecho.

La segunda reflexión sería sobre la rapidez con la que Sánchez tomó decisiones que hay que aplaudir pero que podían haber llegado antes. No es responsabilidad del actual ejecutivo que los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy mantuvieran una normativa que favorecía a los bancos desde 1993.

Nadie en esos gobiernos conservadores o progresistas han tenido en cuenta que los ciudadanos estábamos siendo perjudicados por una normativa injusta. Nadie ha querido enfrentarse a las grandes corporaciones financieras que una y otra vez son privilegiadas frente a sus clientes. 

Todavía estamos esperando que alguna de estas corporaciones pida disculpas por las estrategias financieras que nos ayudaron a acabar en la peor crisis conocida hasta el momento y que devuelvan la desorbitante cantidad de dinero que pusimos todos para salvarles de la bancarrota.

Es verdad que esto no ha sucedido en ningún sitio pero, que quieren que les diga, a mí no me consuela. Entiendo que las corporaciones son uno de los principales actores pero no ha llegado el momento en que el Banco de España comience a hacer su trabajo que es controlarles a ellos para defendernos a los demás?

Javier Pons inició su carrera en Radio Reus. Ha sido director de ‘El Terrat’, director de TVE y CEO de Prisa Radio. Actualmente dirige la productora Globomedia (Mediapro).

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