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¿Quo vadis, Registro Civil?

Si el Registro Civil se entrega a los registradores, perderá las señas de identidad
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El Registro Civil fue creado en 1870 y en él se inscriben los acaecimientos más importantes de nuestra vida, entre ellos el nacimiento, el matrimonio, el divorcio y la defunción.

Durante los casi dos siglos y medio de existencia el Registro Civil se ha caracterizado por ser un servicio público, gratuito, universal (en la medida que lo tienen los ocho mil y pico municipios de España), confidencial (pues mantiene la privacidad de nuestra esfera más íntima), y está a cargo de un juez (lo que garantiza la imparcialidad y el control de la legalidad).

En el Congreso de los Diputados se está discutiendo un proyecto de ley para ceder la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad. Una idea que partió del anterior ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y que ha sido fuertemente contestada por diversos sectores de la sociedad, al entender que es una privatización encubierta del Registro Civil y está diseñada para garantizar la subsistencia de esos cuerpos de registradores, con gran capacidad de influencia sobre el actual poder político.

Pero Rafael Catalá, actual ministro del ramo, anunciaba este viernes que aparcaba la cesión. El mismo día, curiosamente, que visitó Tarragona, y muy pocas horas después de que nuestro Ayuntamiento aprobara una moción rechazando la asignación del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad. ¿Ha frenado Catalá el proyecto para buscar el consenso y trabajarlo sin presión, como asegura? ¿O es una estrategia para demorarlo y sacarlo del debate electoral? No lo sabemos, pero conviene estar atentos y armados de argumentos para evitar este nuevo recorte, porque la voluntad privatizadora del ejecutivo actual sigue latente.

El principal argumento del Gobierno para ceder los registros lo saca de un informe del Defensor del Pueblo: su mal funcionamiento. Pero las disfunciones que ese informe señala se refieren al Registro Civil Central y a algunos registros civiles concretos de la costa mediterránea y del gran Madrid, donde se concentra buena parte de la población inmigrante, que en nuestro país pasó de 637.085 personas en 1998 a 5.736.258 en 2012. Y sabida es la elevada necesidad que esta franja de población tiene de los servicios del Registro (nacionalidades, alta natalidad, etc.). Pero, si es verdad que hay colas, digo yo, ¿no sería más lógico mejorar el servicio que privatizarlo?

Por el contrario, un informe elaborado por el Gobierno el año 2013 detectaba un alto grado de satisfacción de los ciudadanos en el servicio prestado por el Registro Civil, un 85%, muy por encima de la media de otros servicios públicos: Hacienda, 68%; DNI y Pasaporte, 78%; Tráfico, 67%; Pensiones, 55%; denuncias Policía y Guardia Civil, 67%; Catastro, 74%. Y a nadie se le ocurriría privatizar ninguno de estos servicios por mal funcionamiento.

Si el Registro Civil se entrega a los registradores, perderá las señas de identidad que le caracterizan. Ya no será un servicio prestado por una administración pública, sino por un colectivo con intereses individuales muy acusados. Dejará de ser gratuito, porque los registradores no son una ONG, sino profesionales que cobran por su trabajo. Y habrá que pagarles, bien el usuario directamente o ‘inventando’ nuevos trámites de pago hasta ahora innecesarios. El servicio dejará de ser universal, pues mientras hoy todos los pueblos tienen Registro Civil, tan solo las ciudades más importantes tienen registrador mercantil o de la propiedad. Se pone en peligro la confidencialidad, pues nuestros datos personales e íntimos se ceden a una corporación no integrada plenamente en la administración pública, sin dependencia jerárquica efectiva ni sujeta a control directo. Y perderemos las garantías de imparcialidad y control de la legalidad del juez, poniendo en su lugar a unos profesionales, los registradores, en latente conflicto de intereses con los usuarios. Sin olvidar, por último, otro efecto traumático: el Registro Civil pasará, de golpe, de un colectivo experto y preparado, como el actual, a otro cuyos miembros nunca han visto una partida de nacimiento, o quizás solo la suya.

En los últimos años las tendencias privatizadoras se han cebado sobre la Sanidad y la Educación. El Registro Civil parece el portillo para hacer lo mismo con la Justicia. Y no lo podemos permitir. Costó mucho lograr el Estado del bienestar que ahora tenemos, como para dejarlo perder sin ofrecer resistencia.

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