¿Reforma de la Administración?

Con la reforma de la Administración conviene recordar al chino Ji Kang cuando preguntó a Confucio, sobre el arte de administrar. Confucio respondió: «Es sinónimo de rectitud. Si os comportáis con rectitud ¿quién se atreverá a no ser recto?» Y si el soberano os confiara su gobierno ¿Qué es lo primero que haríais? Confucio dijo «rectificar los nombres». Rectificar los nombres ¿para qué? «¡Qué zafio eres! Un hombre superior no habla si no sabe de que habla. Cuando los nombres no son correctos, el discurso no es coherente y los asuntos no pueden hacerse adecuadamente. Así, el hombre superior usa los nombres solo cuando son coherentes en el discurso y sabe que lo que dice puede hacerse adecuadamente. El hombre superior no habla por hablar».

Pues bien, si no me falla la memoria, porque ha transcurrido mucho tiempo, cuando Joaquín Almunia era ministro de Administraciones Públicas, entre 1986 y 1991, ya empezó a hablar de la modernización de la Administración y de ahí en adelante se han sucedido los mismos anuncios con diferentes gobiernos, pero en líneas generales, el sector público se ha mantenido incólume.

Hasta ahora y desde la época de la transición, ningún Gobierno se ha atrevido a hacer una reforma en profundidad de la Administración Pública

Ahora, con ocasión de las fiestas para la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la vicepresidenta primera del Gobierno de coalición, Carmen Calvo, ha anunciado que el Ejecutivo elaborará una nueva Ley de la Administración Pública, con el objetivo de modernizar la Administración General del Estado y mejorar, asimismo, la coordinación con las demás administraciones públicas. El Gobierno aprobará esta nueva Ley por la vía del Real Decreto Ley, porque lo considera urgente, aunque luego se tramitará como proyecto de Ley en el Congreso, para negociar enmiendas con los grupos parlamentarios que apoyan, de vez en cuando, al Gobierno. 
Carmen Calvo ha explicado que el Gobierno quiere agilizar los procedimientos administrativos, con el objetivo de que las ayudas de Bruselas no se pierdan en la burocracia. Y sigue Carmen Calvo con contundencia: «La Administración General del Estado tiene que tener un nivel más eficiente de coordinación con las otras administraciones e implicación con todos los sectores, para establecer también sinergias con los sectores privados». En las administraciones públicas, se dan varios puntos que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo. Se promete modernizar la administración y con ello, implantar definitivamente la gestión electrónica en todo el sector público y para todos los servicios a los ciudadanos. Hasta ahora y desde la época de la transición, ningún Gobierno se ha atrevido a hacer una reforma en profundidad de la Administración Pública. Lo único que han hecho es tomar medidas coyunturales, para dar respuesta a las crisis económicas. Y está ocurriendo que los ministros de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se han estrellado con unas estructuras públicas con total incapacidad para acometer proyectos tan ambiciosos, como la instauración masiva del Ingreso Mínimo Vital y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES). Y, a mayor abundamiento, si añadimos el estado burocrático paralelo de las 17 administraciones autonómicas, llegaremos a la conclusión de la ineficacia más absoluta, con el gasto más descabellado. Así, la reforma de la administración pública no está ni se la espera, por lo menos por ahora. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, terminará como todos sus predecesores: fracasando en su intento.