Reformas que no están ni se esperan

Más allá de sus aciertos, errores e insuficiencias, el gobierno Rajoy da muy a menudo pasos difíciles de comprender. Entrado agosto, camino de agotar la legislatura, ha decidido abrir el delicado melón de la reforma constitucional, aderezada con sugerencias para modificar sustancialmente el sistema electoral. En el fondo importa poco, porque las posibilidades de materializar algo de eso son nulas, pero cabe preguntarse por qué, si tiene ideas claras al respecto, no ha aprovechado los más de tres años que lleva disfrutando de mayoría absoluta en el Congreso, con el añadido de una muy amplia cuota de poder autonómico y municipal hasta el pasado mes de mayo. No para imponer cambios bajo su inspiración ideológica –tampoco podría–, sí para liderar un proceso de puesta al día de todo el modelo político, no sólo de la Constitución.

Una maledicencia, probablemente apócrifa, atribuyó años atrás a un poderoso personaje la imposibilidad de andar y mascar chicle a la vez. ¿Le pasa algo parecido a la cúpula del Partido Popular? Si no es así, lo parece, visto su empeño en justificar todo lo que el Ejecutivo no ha hecho por una dedicación preferente a la pésima situación económica que les tocó heredar. No cabe pensar que confundan preferencia con exclusividad. O quizás sí. Entre lo más omitido figura prodigarse en explicar lo que hacen y procurar convencer de que tiene un porqué.

La historia constitucional española está excedida de textos efímeros, por lo general impuestos desde el partidismo predominante, casi nunca reformados sin rupturas abruptas e interrupciones de la libertad. Seguramente por eso fue tan sorprendente, en términos de tradición, el consenso que se alcanzó para alumbrar la vigente Constitución de 1978. Y también es indudable que por ello su texto establece un procedimiento de revisión tan complejo que impide consumarlo bajo una única inspiración política o doctrinaria.

Sobran, sin duda, razones para plantear cambios en el vigente texto constitucional, pero cualquier aproximación o propósito debe partir de considerar que se trata de una materia delicada, sensible y con hondas repercusiones, tanto si se consuma como si no. Lo primero que conviene tener en cuenta es el aludido y endemoniado proceso establecido para modificar sus aspectos más sustanciales. Requiere, entre otras cosas, un amplio acuerdo entre partidos que debe mantenerse antes, durante y después de consumada una nueva redacción. No hace falta decir que el actual escenario político no parece precisamente propicio para que surja algo así. Ni, todavía más importante, hay síntomas de que el mapa que resulte tras las elecciones de los próximos meses vaya a ser, en ese sentido, mejor.

El riesgo de abrir un proceso que acentúe todavía más la quiebra política es, pues, evidente, pero no parece que los principales dirigentes políticos estén siendo suficientemente conscientes de ello, lanzados como están a formular propuestas de inspiración exclusivamente propia y rechazar con similar entusiasmo todas cuantas expongan los demás.

Un poco de serenidad y realismo no vendría mal. Partiendo de valorar si la reforma de la Constitución es prioritaria o, aún más, si los cambios que necesita con urgencia el modelo político van a producirse sólo o principalmente por ello. Porque otro riesgo a tener en cuenta es la eventual frustración que cimentaría si, tras el desgaste inherente al proceso revisionista, la dinámica siguiera siendo más o menos la misma que la actual.

Puestos a ser realistas, lo que esta democracia necesita con perentoria urgencia es un cambio rotundo y profundo de la ejecutoria de los partidos, comenzando por sus dirigentes y acabando en los mecanismos y modos de ejercer la representación que les otorga la sociedad. Sin eso, pervivirán el deterioro y el descrédito en que se desenvuelven, pero es que, sin ese cambio previo, resulta probablemente ilusorio pensar en modificar o actualizar cuestiones como el sistema electoral, el modelo territorial o el catálogo de derechos, libertades y obligaciones adheridos a la condición de ciudadano. No sólo, aunque también, porque las posiciones respectivas están muy alejadas, sino porque algunos preceptos, quizás demasiados, han acabado poco menos que sacralizados en el sentir general.

La realidad es que los más veteranos van a sentir reavivado el recuerdo de aquel debate entre reforma y ruptura que jalonó los primeros meses de la más o menos mitificada transición, tras el derrumbe biológico del régimen franquista. Al resto le va a venir de nuevas, pero ésa parece que va a ser la disyuntiva predominante –en muchos aspectos ya está instalada–, cuando no pocos opinan que haría falta todo lo contrario para afrontar un presente político, pero también social y económico, que sigue siendo difícil, incierto y no exento de riesgos de ir a peor.