Refugiadas en la Turquía de Erdogan

La Unión Europea continúa manteniendo el vergonzoso acuerdo con Turquía mediante el cual las personas refugiadas pueden ser deportadas a aquel país saltándose por completo el derecho de asilo recogido, entre otros tratados, en la Convención de Ginebra. Unas expulsiones a un país que acaba de sufrir un frustrado golpe de estado que hubiera tenido consecuencias terribles y que su presidente Erdogan está utilizando como excusa para normalizar la represión contra cualquier forma de oposición.

La situación en Turquía es espantosa. Se han detenido o purgado a miles de personas, entre ellas funcionarios del Estado como oficiales del ejército, policías, jueces, docentes, periodistas, etc. Se han cerrado medios de comunicación y agencias de noticias. Se ha declarado el estado de emergencia durante 3 meses y se ha decidido suspender la Convención europea de los Derechos Humanos que Turquía había subscrito en 1954, situación que abre la puerta a la posible restauración de la pena de muerte. Al mismo tiempo el conflicto kurdo continúa y la guerra entre militantes del PKK y tropas gubernamentales se agrava después de que en el 2015 se rompiese la tregua. Una situación que evidencia todavía más que Turquía no es un país seguro, aunque tampoco lo era antes donde ya se vulneraban los derechos de la población turca en general y de la minoría kurda en particular y donde la pluralidad de la información brillaba por su ausencia. Ahora la realidad empeora con el contragolpe de Erdogan, mientras tanto la UE calla delante la deriva autoritaria de su socio. En Turquía había en el 2015 casi 1.8 millones de refugiados según datos de ACNUR, a los que hay que añadir las deportaciones de la UE hacia este país desde el acuerdo de la UErgüenza del pasado mes de marzo. Un acuerdo que profundiza en la configuración de una Europa fortaleza que refuerza el control de las fronteras exteriores con la participación de la OTAN, que bloquea las rutas internas de paso para los refugiados y que subcontrata a Turquía por 6000 millones en una externalización inmoral y que choca frontalmente con el artículo 19.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, según el cual se prohíben explícitamente las expulsiones colectivas.

Una situación de inseguridad generalizada, una continua escalada de atentados a las libertades democráticas y un incumplimiento sistemático de la normativa internacional de los derechos humanos hacen inaplazable la revocación inmediata del acuerdo entre la UE y Turquía, así como un cambio de rumbo en la política migratoria de la UE que empiece por rescatar, acoger y respetar el derecho de asilo de las personas refugiadas.